Un hombre fue formalmente acusado por una serie de hechos de violencia de género ocurridos en Las Grutas: rompió la camioneta de su expareja en dos ataques consecutivos, la amenazó con continuar si no le entregaba 100 mil pesos y terminó con una restricción de acercamiento impuesta por la Justicia. La Justicia tuvo por formulados los cargos y lo imputó por los delitos de daño y amenazas coactivas.
Todo comenzó en la tarde del 6 de junio, en una vivienda ubicada sobre la calle Caleta Falsa. Según la acusación, el hombre llegó hasta el domicilio de la mujer y, sin mediar palabra, arrojó una piedra contra el parabrisas de su camioneta. El estruendo alertó a los vecinos, pero él se retiró rápidamente.
Sin embargo, la situación no terminó ahí. Horas más tarde, el mismo hombre regresó al lugar a bordo de un auto negro. Esta vez, según el relato fiscal, bajó del vehículo con un fierro en la mano y descargó su furia contra los vidrios laterales y la luneta trasera de la camioneta. No conforme con eso, se subió al auto, dio marcha atrás y embistió el lateral del vehículo de la víctima, dañando la puerta trasera del lado del acompañante. Luego huyó.
Pero lo más inquietante ocurrió cerca de las 19. El hombre volvió por tercera vez. Esta vez no rompió nada, pero fue directo: le exigió a la mujer 100 mil pesos. Le dijo que si no le entregaba el dinero, los ataques continuarían. La amenaza fue clara y directa. La mujer, atemorizada, decidió denunciarlo.
La causa fue tomada por la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, que este martes formuló cargos en una audiencia realizada en los tribunales locales. El imputado fue acusado como autor de los delitos de daño y amenazas coactivas, en concurso real, según los artículos 183, 149 bis y 55 del Código Penal.
El juez de Garantías avaló la acusación y ordenó una medida de protección: el acusado no podrá acercarse a menos de 100 metros de la víctima ni de ningún lugar público donde ella pueda encontrarse. La restricción estará vigente durante toda la etapa investigativa.
Por su parte, el defensor oficial negó que su asistido haya amenazado a la mujer y sostuvo que, desde aquel día, no volvió a tener contacto con ella. Aun así, la investigación seguirá su curso durante los próximos cuatro meses.
Desde el Ministerio Público recordaron que este tipo de hechos no solo constituyen delitos penales, sino que también generan un fuerte impacto emocional en las víctimas. En este caso, la mujer no solo sufrió daños materiales, sino que también quedó expuesta a una situación de intimidación persistente.
