El fiscal Adrián Arribas pidió las prisiones preventivas de todos los detenidos en el caso por el triple crimen narco de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi y también el traspaso de la causa al fuero federal.
La medida fue tomada contra Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva; también Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra; la lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.
Arribas les agravó las imputaciones a todos los señalados. A Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los acusa de del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género, y por ser criminis causa –tres hechos-.
Mientras que, a Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, las tres mujeres, les quitó el agravante de violencia de género y les mantuvo las otras acusaciones de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las victimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa –tres hechos-.
En este sentido, al tratarse de acusaciones graves como el narcotráfico y el secuestro, el fiscal solicitó que la causa pase a la Justicia Federal, algo que en las próximas horas se podría definir.
Por la tarde, Arribas ofreció una conferencia de prensa desde la Fiscalía de San Justo y consideró que “la finalidad” de los homicidios “era recuperar la droga robada”.
El funcionario judicial consignó que el juez tiene cinco días para expedirse sobre el requerimiento acerca de las prisiones preventivas, mientras que debe correr traslado a las partes sobre el traspaso del caso al fuero federal.
“Nos encontramos ante una banda narcocriminal”, remarcó Arribas, quien definió como “global” el análisis realizado en el planteo. Con respecto a la hipótesis que sostiene que la orden para perpetrar los crímenes fue dada desde Perú, el fiscal indicó que “está bajo investigación”.
