Un operativo conjunto encabezado por la Policía del Neuquén permitió desarticular una organización delictiva que realizaba estafas virtuales desde el interior del Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de General Roca, en la provincia de Río Negro. La investigación fue impulsada por la División Ciberdelito Económico del Departamento Delitos Económicos y estuvo bajo la coordinación de la Unidad Fiscal de la V Circunscripción Judicial de Chos Malal.
Las tareas de seguimiento se extendieron durante varios meses y culminaron con diez allanamientos simultáneos en Allen, General Roca, Padre Stefenelli, Ingeniero Huergo, J.J. Gómez y Villa Regina, además del penal donde operaban los cabecillas. La banda utilizaba el conocido método del “cuento del pariente varado”, en el que se hacían pasar por familiares en situación de emergencia para engañar a las víctimas. Luego intervenía un falso intermediario, que simulaba ser empleado de una aseguradora, y lograba que las personas transfirieran dinero a distintas billeteras virtuales.
El análisis financiero y digital permitió determinar que se trataba de una estructura altamente organizada y jerarquizada, con internos del penal encargados de captar víctimas y cómplices externos que administraban y redistribuían los fondos ilícitos. Durante el operativo, realizado en la madrugada del 30 de octubre de 2025, participaron 24 efectivos policiales, que lograron la aprehensión de cuatro personas y la identificación de más de treinta vinculadas a la red. Se secuestraron 20 teléfonos celulares, 10 chips, tarjetas bancarias y de billeteras virtuales, documentación, cuadernos con alias y una suma cercana a 150 mil pesos.
En uno de los domicilios allanados en General Roca se incautaron además 358 gramos de cocaína y 38 gramos de marihuana, con la intervención de la División Toxicomanía de la Policía de Río Negro. Según las estimaciones de los investigadores, al menos doce personas del norte neuquino, entre ellas vecinos de Chos Malal, Andacollo y Huinganco, habrían resultado damnificadas. El procedimiento permitió vincular de manera directa a los internos del penal con los titulares de las cuentas receptoras e identificar a los colaboradores externos que manejaban los movimientos del dinero.
