El próximo 6 de noviembre comenzará el juicio político contra la jueza Julieta Makintach, quien fue parte del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 2 de San Isidro y subrogante del TOC Nº 3, y está acusada por su actuación en el juicio declarado nulo relacionado con la muerte de Diego Maradona.
La convocatoria para el debate oral y público fue formalizada mediante una notificación firmada por la jueza Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que detalló que la audiencia se realizará a las 9 horas en el edificio anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires Alberto Ballestrini.
Ya está la fecha y está el jurado completo
El jurado que evaluará a Makintach estará presidido por Kogan y compuesto por conjueces legisladores y abogados provinciales, entre ellos Ariel Martínez Bordaisco (UCR-Cambio Federal), Abigail Gómez (La Libertad Avanza), Sergio Raúl Vargas (Unión Renovación y Fe), María Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal), Maite Alvado (Unión por la Patria), además de abogados como Álvaro García Orsi, Pablo Agustín Ciocchini, Fabián Ramón González, María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco.
La denuncia contra Makintach fue presentada en junio por el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, luego de que el juicio en el que se investigaban posibles responsabilidades penales por la muerte de Maradona fuera declarado nulo. En un documento de 38 páginas, el procurador detalló nueve conductas reprochables de la jueza.
Entre las acusaciones figuran la autorización irregular para que un grupo de personas accediera un domingo a los tribunales de San Isidro por una puerta reservada a magistrados, con el fin de filmar un documental; la habilitación para grabar de forma clandestina el debate oral a pesar de la prohibición vigente; y el uso indebido de recursos públicos y personal para facilitar la filmación.
También se la acusa de mentir reiteradamente a la prensa y a sus pares sobre su participación en el documental Justicia Divina, y de mantener una “parcialidad manifiesta” que derivó en la nulidad del proceso judicial.
La denuncia de Conte Grand destacó el impacto social y el daño a la imagen del Poder Judicial, mencionando que todas las partes del juicio coincidieron en anular lo actuado hasta ese momento, decisión que fue respaldada por los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso.
En agosto, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Buenos Aires declaró admisible la acusación contra Makintach y ordenó su suspensión, con un descuento del 40% en su salario.
En su defensa, presentada días antes de la suspensión, Makintach afirmó que no hubo filmaciones prohibidas y que todas las decisiones fueron adoptadas colegiadamente con sus colegas del TOC Nº 3, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino. Según su escrito, “no existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino, por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas, por todos los integrantes del tribunal”.
Además, la defensa sostuvo que el documental fue una iniciativa externa y que la jueza solo accedió a dar una entrevista previa al juicio, sin que ello afectara su labor judicial. Se calificó como una “especulación malintencionada” la idea de que sus actos durante el debate estuvieran motivados por razones distintas a las jurídicas y procesales.
