En un grupo de Telegram se vendían cuerpos, se traficaban intimidades y se naturalizaba la violencia. Doscientas mujeres de Viedma y Patagones fueron víctimas de un sistema tan perverso como aceitado, donde sus fotos íntimas circulaban como si fueran stickers. Sin permiso. Sin piedad. Un homobre, administrador del grupo, es el que cobraba a través del CVU de su billetera electrónica por la venta de los paks de imágenes. La Justicia le formuló cargos y la fiscalía avanza en la investigación entre los miembros de "Putitas de Viedma y Patagones".
El grupo tenía un nombre tan violento como su lógica interna. Para ingresar, había que pagar o aportar material. ¿Material? Fotos robadas, capturas íntimas, imágenes obtenidas durante relaciones que alguna vez fueron de confianza. Algunas víctimas menores de edad. Otras, adultas que confiaron en alguien que después las vendió como si fueran mercancía. El anonimato de Telegram hizo el resto.
El supuesto administrador del grupo ya fue imputado. Tiene prohibido acercarse a las denunciantes. Según la fiscalía, era titular del CVU donde se recibían las transferencias por las fotos. Ese dato fue clave para seguir el rastro del dinero. Porque sí, había una economía detrás del horror.
La causa está caratulada como distribución de imágenes de abuso sexual infantil, pero podría sumar figuras como extorsión digital, difusión no consentida y coacción. Hasta ahora hay 15 denuncias formales. Pero se estima que las víctimas superan las 200. Y eso es apenas la punta del iceberg.
Más de 80 hombres integraban el grupo. Algunos hackeaban teléfonos. Otros aportaban fotos tras rupturas. Y otros simplemente compraban. El circuito funcionaba como una red de consumo sexual local. Una feria de cuerpos con rostros y nombres, donde la privacidad era un chiste y la violencia, moneda corriente.
Muchas víctimas se enteraron por terceros. Otras, cuando sus nombres aparecieron en un listado interno. Algunas descubrieron que sus fotos estaban en páginas porno internacionales, con datos personales visibles. Como si el daño no tuviera fronteras.
La Justicia de Río Negro actuó de oficio al detectar material de abuso infantil. Pero los investigadores admiten que no hay protocolos claros para abordar la violencia digital con perspectiva de género. No hay legislación específica. No hay herramientas. Hay miedo. Y hay víctimas que no saben dónde terminaron sus fotos ni cuántos grupos similares siguen activos con otros nombres.
Se sospecha que hay canales paralelos. Que el mercado sigue funcionando. Que el anonimato digital es el mejor cómplice de la violencia machista. En las últimas horas, se filtró un listado con nombres de mujeres vinculadas al grupo. Las autoridades pidieron frenar su circulación. Porque cada reenvío es una nueva herida. Porque cada nombre expuesto es una segunda violación
