Lo que comenzó como un día normal de clases en la escuela de Cipolletti, terminó siendo el principio del fin para un secreto atroz. Una nena, alumna de ese establecimiento, se animó a contarle a su maestra el calvario que vivía en su propia casa: su padrastro la violaba.
Las maestras actuaron como manda el protocolo. De inmediato dieron intervención al Poder Judicial y pusieron en marcha la cadena de protección infantil que permitió detener al acusado. Fue la reacción correcta, en el momento justo.
Pocos días después, la Policía irrumpió en la vivienda familiar y detuvo al hombre, que fue llevado ante la Justicia. Este jueves, el Ministerio Público lo acusó por una serie de delitos gravísimos: abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, abuso con acceso carnal en al menos cuatro hechos y coacción, todos agravados por haber aprovechado la relación de convivencia con la menor.
Durante la audiencia, la Fiscalía pidió que el violador quedara detenido, argumentando los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La defensora oficial intentó evitarlo, proponiendo que se le impusiera una simple restricción de contacto, pero la jueza no dudó: dio por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva hasta marzo de 2026.
De esta manera, el acusado seguirá tras las rejas durante toda la etapa de investigación y hasta que haya un fallo firme. Por ahora permanecerá alojado en una comisaría de la ciudad, a la espera de que el Servicio Penitenciario disponga una celda.
El caso volvió a poner en evidencia la importancia de la escuela como espacio de contención y detección temprana de abusos. Gracias a la escucha atenta y a la acción rápida de las docentes, la Justicia pudo intervenir y frenar una historia de horror que parecía no tener fin.
