Esta mañana, en la audiencia de cesura, se definió el pedido de pena contra el único funcionario policial declarado responsable por el delito de vejaciones en el legajo denominado Solano II. El Ministerio Público Fiscal, acompañado por la querella, solicitó tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación especial para vestir uniforme, portar arma reglamentaria y realizar tareas de seguridad.
Los alegatos fueron contundentes. La fiscal jefe recordó los testimonios del juicio: “Me dio bronca cómo lo empujaban, tanta alevosía no hacía falta”. Según la acusación, el imputado no actuó solo, sino junto a otros compañeros, lo que generó mayor indefensión en la víctima y un grado de peligrosidad innecesario. La escena, a la vista de todos, fue calificada como desmedida y grave.
La fiscalía agregó que la violencia ejercida afectó directamente la vida y los derechos humanos de Daniel Solano. Aunque el tribunal absolvió al imputado de ser partícipe de homicidio, la fiscal remarcó que la brutalidad con la que fue sacado del local bailable fue la causa generadora de lo que ocurrió después. “No podemos dejar de mencionar que la extensión de este daño puntual fue el inicio de la tragedia”, enfatizó.
Otro punto señalado fue la condición del acusado: tenía 29 años, era policía y conocía perfectamente que su accionar no era el correcto. Ningún testigo declaró que Solano hubiera actuado con violencia o resistencia. “La manera en que lo sacaron fue excesiva, grave, y eso afectó tanto a la víctima como a la función pública y al poder delegado por el Estado”, concluyó la fiscal.
Por su parte, el defensor particular pidió el mínimo de la pena, insistiendo en que no existen antecedentes penales computables y que la condena debe ser lo más leve posible. La defensa buscó instalar la idea de que el hecho no fue más que un exceso administrativo, pero la fiscalía lo encuadró como una violación directa a los derechos humanos.
La sentencia se dará a conocer el próximo martes 9 de diciembre a las 9 de la mañana, en una audiencia virtual por Zoom. Será el cierre de un capítulo que vuelve a poner en el centro del debate la violencia institucional y la deuda del Estado con la memoria de Daniel Solano.
