El caso que marcó al Valle Medio y expuso lo peor del poder policial en connivencia con el poderío empresarial, volvió a estar presente en los tribunales de Roca. Este lunes empezó el juicio contra tres policías acusados de haber colaborado en la desaparición y muerte del obrero rural salteño Daniel Solano, visto por última vez el 5 de noviembre de 2011, afuera del boliche Macuba de Choele Choel. Por esta misma causa fueron condenados a prisión perpetua 7 policías.
El proceso oral y público se extenderá durante al menos cuatro jornadas. En la primera audiencia, la fiscal Jefa, Teresa Giuffrida expuso la acusación: Solano fue sacado del local "en forma compulsiva y violenta" por los policías que estaban de adicionales en la disco, en complicidad con la patota parapolicial que lo esperaba afuera. Desde la puerta lo tiraron por las escaleras y ya en la vereda lo golpearon con puños y patadas, en un ataque donde también intervinieron otros uniformados.
Después de la golpiza, los tres policías que son juzgados desde hoy, Walter Etchegaray, Ceferino Muñoz y Cristian Toledo, pidieron un patrullero. Minutos más tarde llegó la Ecosport de la Comisaría 8°, el móvil 2304, con cuatro policías a bordo: Pablo Albarrán Cárcamo, Diego Cuello, Pablo Quidel y Juan Barrera. Ellos fueron condenados a perpetua en 2018, porque en ese rodado cargaron a Solano y lo trasladaron a un lugar nunca determinado, donde lo asesinaron.
Ahora, los fiscales señalan que Etchegaray no cumplió con su deber: no puso a Solano bajo custodia, no informó a su superior, ni hizo las actuaciones que correspondían. Por eso lo acusan de ser partícipe necesario de homicidio agravado por alevosía y abuso de sus funciones, además de autor de vejaciones.
En cuanto a Muñoz y Toledo, ambos están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, delitos que completan la cadena de silencio y protección que rodeó al crimen durante años. En resumen, par ala fiscalía vieron como dos de los policías condenados "le habrían propinado a Solano golpes de puño, patadas, empujones. En virtud de este accionar, los dos empleados incumplieron con sus deberes al no haber intervenido cuando golpeaban y sacaban violentamente del local bailable y al no haber realizado las actas de procedimiento pertinentes, ni dar aviso a su superior ante los hechos ocurridos esa madrugada".
Conocida la desaparición del trabajdor salteño, que había llegado a Valle Medio a trabajar en un campo contratado por una empresa tercerizada por Expofrut, "tampoco denunciaron los hechos concretados por sus colegas”, explicó la fiscalía.
Por su parte, el equipo de la defensa pública explicó que "no está acreditado el elemento doloso, y no puede ser declarado culpable ya que se encontraba cumpliendo un acto propio de sus funciones y no tuvo ninguna participación posterior en el hecho, no pudo haber ocultado prueba". Por lo que limitó la participación de Etchegaray a sacarlo del boliche bailable.
Luego, el defensor particular adhirió a lo anterior y dijo que “esto se trata de revelar la realidad de los hechos y lamentablemente se puede ver afectada por el tiempo transcurrido. No hubo secuestro, no hubo incumplimiento y tampoco abuso de autoridad, no sólo lo vamos a acreditar con las voces de los testigos sino también con l prueba científica”.
El juicio recién empieza, pero reabre la herida más profunda de Choele Choel: la desaparición de un joven trabajador que nunca volvió a casa y la complicidad policial que todavía busca justicia.
¿Qué pasó con Daniel Solano?
Aunque nunca se encontró el cuerpo de Solano, en el juicio dieron credibilidad a los numerosos testimonios que indicaron que los policías Sandro Berthe, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello, atacaron con ferocidad al trabajador salteño y lo metieron en un vehículo policial aquella madrugada del 5 de noviembre de 2011, en Choele Choel.
La desaparición develó una gran red de complicidades. En los seis años que duró el proceso se plantaron “pistas y testimonios falsos”, se perdió “evidencia” esencial (como la billetera de la víctima), hubo coartadas que no se sostuvieron, amenazas, violencia y difamación para con los testigos que identificaron a los policías como autores de la golpiza y la detención del trabajador.
El propio padre de Solano, Gualberto se instaló en Choele Choel en una carpa frente a la fiscalía y durante la noche dormía en la iglesia. El cura párroco que asistía a la familia del trabajador golondrina sufrió un atentado en su camioneta. Dos abogados foraneos con el salteño Sergio Heredia y Leandro Aparicio -los mismos que lograron hacer avanzar la causa de Sergio Avalos en Neuquén- sonn los que se encargaron de desarmar el pacto de silencio.
Solano era el líder de un reclamo salarial compuesto por unos 150 trabajadores. El joven oriundo de Tartagal había hecho cálculos y descubrió que la empresa liquidaba mal los jornales. Con pruebas intentó hablar con los jefes, pero fue bloqueado por quienes estaban a cargo de las cuadrillas.
Su desaparición dejó al descubierto un enorme negocio de empresas tercerizadas que reclutaban trabajadores en Salta y Tucumán, con la promesa de trabajo en los campos de Valle Medio. Una vez arriba del colectivo les retenían los DNI y los sometían a codiciones de esclavitud, con jornadas laborales extremas, y condiciones de viviendas pésima en gamelas para 150 personas con un solo baño.
