Pasaron 19 años de la muerte de Otoño Uriarte, la causa más oscura y conflictiva que tuvo la Cuarta Circunscripción Judicial. Una nueva composición de un Tribunal de Impugnación escuchó los planteos de las partes, en especial el del padre de la adolescente desaparecida el 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro. Roberto Uriarte, quien en el juicio estuvo representado por su abogada querellante y adhirió al pedido de prisión perpetua, ahora quiere que la causa pase a la órbita Federal como desaparición forzada de persona por trata. Una alternativa en la que nunca se pudo avanzar por la falta de pruebas y menos en el debate que terminó con la condena a los cuatro mismos imputados que hubo siempre: Germán Ángel Antilaf, Maximiliano Manuel Lagos, José Hiram Jafri, y Néstor Ricardo Cau.
El STJ ordenó una nueva revisión de la condena, luego de que otro Tribunal de Impugnación revocó la condena de prisión perpetua para los acusados. Como había anticipado Uriarte, el mismo que durante 18 años no reclamó el cuerpo que permanecía en un depósito de la Morgue Judicial de Roca y tampoco el certificado de defunción, pidió anular todo lo actuado y enviar el expediente a la Justicia Federal. Denunció que nunca se investigó a fondo la posible participación de policías y que al jamás le dejaron debatir la carátula del caso. El planteo chocó de frente con la fiscal Teresa Giuffrida, responsable de la elevación a juicio cuando la causa estaba a horas de prescribir el año pasado.
Precisamente el Ministerio Público ratificó su posición manifestada en el juicio, y que los cuatro acusados sean condenados a prisión perpetua como coautores del delito de desaparición y muerte de Otoño Uriarte, como fue resuelto por el tribunal de Juicio en febrero.
Durante una audiencia de revisión, volvieron a encontrarse dos posturas irreconciliables ejerciendo la querella. Uriarte cambió una vez más de abogados. Ahora lo representa Martín Palumbo y Milton Díaz, quienes insistieron en que la causa debe salir de la órbita provincial porque durante casi dos décadas “no hubo una respuesta” y porque hay pistas que apuntan a agentes del Estado. Por el otro, la fiscalía que definede lo actuado y pretende que Antilaf, Lagos, Jafri y Cau vayan presos.
Palumbo y Díaz, aseguran que la justicia rionegrina no solo falló al investigar, sino que también avanzó sin permitir la audiencia de formulación de cargos. Eso -advirtieron- dejó a Uriarte sin la posibilidad de plantear su teoría del caso ni pedir las pruebas que consideraba claves. Para reforzar ese planteo, la querella enumeró una serie de hechos que durante el juicio quedaron “afuera del radar” judicial. Entre ellos mencionaron una pericia realizada por perros de la Policía de Neuquén que marcaban un patrullero, maniobras irregulares del entonces jefe de la Comisaría 26°, Ives Vallejos, durante un operativo en San Martín de los Andes y, especialmente, un radiograma emitido por la Policía de Fernández Oro horas después de la desaparición: allí se describía cómo estaba vestida Otoño, pese a que su papá no la había visto el día anterior y no podía aportar ese dato.
Además, los abogados remarcaron que el contexto en el que desapareció la adolescente coincide con los estándares de trata de personas y desaparición forzada, dos figuras que obligan a la intervención federal. Y en ese sentido revelaron que ya hicieron una presentación en el Juzgado Federal de Roca para que el expediente sea asumido por esa órbita, algo que el Tribunal de Impugnación ahora debe resolver. Una maniobra a la planteada en el caso de la desaparición del estudiante de Picún Leufú, Sergio Ávalos.
La fiscalía quiere perpetua
La Fiscalía solicitó que la absolución revocada por considerarla arbitraria, dejando firme la condena dictada por el tribunal de juicio. Sostuvo que el órgano revisor no ponderó adecuadamente los resultados de diversas pericias científicas ni las valoraciones realizadas por el Tribunal de Juicio sobre el vello púbico 17 analizado en el proceso.
Cuestionó que el Tribunal de Impugnación afirmara que no existía prueba directa que vinculara a los imputados con la adolescente víctima o con los hechos investigados. La Fiscalía sostuvo que sí existieron testimonios que daban cuenta de esa relación y que no fueron valorados por el órgano revisor. Para Giuffrida señaló como arbitraria la conclusión sobre la inexistencia de un plan ideado para interceptar a la víctima.
La fiscal trajo nuevamente la situación vivida en torno a la bicicleta de Otoño Uriarte, que Mejor Informado explicó en varias ocaciones. La dolescente de 16 años la dejó en la casa de una amiga en el casco urbano de Fernández Oro y apareció en la chacra de Jafri. La teoría es que uno de los cuatro la sacó del lugar donde estaba para forzarla a que emprenda el regreso a su casa caminando, y poder emboscarla. Y que un testimonio ubicó un auto en una zona oscura del trayecto con los acusados en su interior. Muy cerca de ese lugar también apareció el celular de la víctima quemado.
En este sentido, remarcó que el Tribunal de Juicio tuvo la posibilidad de percibir integralmente las manifestaciones verbales y no verbales de quienes declararon, facultad que no tuvo el Tribunal de Impugnación y que, según la acusación, no fue considerada a la hora de descartar ciertos indicios. Sostuvo que la evaluación del órgano revisor fue fragmentada y contraria a los estándares de valoración conjunta que rigen para este tipo de procesos.
A su turno, las defensas solicitaron que se mantuviera vigente la sentencia anterior del Tribunal de Impugnación. El Defensor Público en representación de uno de ellos manifestó que solo escuchó valoraciones subjetivas de la acusación en torno al fallo impugnado por parte de la acusación. Señaló que el órgano revisor brindó fundamentos que se alejan de cualquier arbitrariedad y que la Fiscalía no expuso agravios concretos que justificaran la revisión. Sostuvo que ambas partes ya habían tenido oportunidad de cuestionar la sentencia y que la nueva impugnación se limitó a una discrepancia sin sustento suficiente, por lo cual pidió rechazar los planteos fiscal y querellante.
La defensa insiste en la falta de pruebas
Las defensas solicitaron que se mantuviera vigente la sentencia del anterior Tribunal de Impugnación, que resolvió la absolución y la libertad inmediata. El Defensor Público en representación de uno de ellos manifestó que solo escuchó valoraciones subjetivas de la acusación en torno al fallo impugnado por parte de la acusación. Señaló que el órgano revisor brindó fundamentos que se alejan de cualquier arbitrariedad y que la Fiscalía no expuso agravios concretos que justificaran la revisión. Sostuvo que ambas partes ya habían tenido oportunidad de cuestionar la sentencia y que la nueva impugnación se limitó a una discrepancia sin sustento suficiente, por lo cual pidió rechazar los planteos fiscal y querellante.
Los restantes abogados requirieron confirmar la absolución dictada por el Tribunal de Impugnación. Se refirieron a los diecinueve años de trámite del caso y a los sobreseimientos dictados en distintas etapas, tanto en el Código Procesal Penal anterior y el vigente y pidieron que no se haga lugar a los agravios acusatorios valorando la sentencia que absolvió a sus defendidos.
Lo cierto es que, a casi dos décadas del crimen que marcó para siempre a Fernández Oro, la causa sigue atrapada entre fallos anulados, sospechas contra policías, maniobras mal explicadas y un padre que todavía pelea para que alguien le diga la verdad. Y hoy, como hace 19 años, las respuestas siguen siendo esquivas.
