La Justicia rionegrina quedó expuesta una vez más por su inacción frente a un caso grave de violencia de género. Un hombre que había sido detenido por golpear a su ex pareja y agredir a la policía, fue liberado a pesar de violar una orden de restricción. Una semana después, regresó a la misma vivienda, bloqueó los accesos e intentó prender fuego el lugar con su ex adentro. El intento de femicidio fue frustrado gracias a la intervención de la Policía.
Tras el segundo episodio, el juez de Garantías aceptó el pedido de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva y enfrenta cargos por tentativa de femicidio y desobediencia judicial.
El sábado 5 de julio, en una vivienda del barrio Quinta 25, una mujer pidió auxilio desesperada. Su expareja, con una restricción de acercamiento ya impuesta por la Justicia, la estaba golpeando brutalmente. Los efectivos de la Comisaría 31° llegaron a tiempo y no solo encontraron a la víctima herida, sino que también fueron atacados por el agresor.
Piñas, patadas, violencia desatada. Lograron reducirlo y detenerlo. Pero en lugar de garantizar protección efectiva para la víctima, la Justicia decidió soltarlo.
Una semana después, todo volvió a empezar. Pero esta vez con un nivel de peligrosidad mayor y una intención clara: matarla.
El pasado sábado, cerca de las 23, el agresor volvió al mismo domicilio. Dañó la cerradura, ingresó por la fuerza, y trabó la entrada con muebles. Cortó una manguera conectada a una garrafa y comenzó a prender fuego cajas y objetos plásticos dentro de la casa. Planeaba un incendio. Uno letal.
La víctima, atrapada, volvió a vivir una escena de terror. Si los efectivos de la 31° no hubieran logrado ingresar y detenerlo a tiempo, la historia hoy sería otra. "No podemos permitir que la víctima continúe sintiendo temor", expresó la fiscal del caso al solicitar la prisión preventiva.
La historia parece calcada de tantas otras: una mujer que denuncia, una Justicia que escucha pero no actúa con la urgencia debida, un agresor reincidente que aprovecha cada segundo de libertad para seguir atacando. Esta vez, el desenlace no fue fatal, pero estuvo peligrosamente cerca.
El Ministerio Público solicitó cargos por violación de domicilio, daño, tentativa de incendio y desobediencia a una orden judicial, todos en concurso real y enmarcados en violencia de género. El juez de Garantías finalmente ordenó su prisión preventiva.