Un traumatólogo infantil de Neuquén está en el centro de una grave investigación judicial por la supuesta realización de “cirugías fantasma” a afiliados de OSPEPRI, la obra social de petroleros privados.
La denuncia detalla al menos 11 operaciones que nunca se realizaron, pero que igualmente fueron facturadas como intervenciones complejas.
“Lo que detectamos fue que se usaron datos de afiliados que habían tenido consultas previas, para montar cirugías que jamás existieron. Ninguno de esos chicos tuvo internación, prequirúrgico ni controles posteriores”, explicó a Mejor Informado el abogado querellante Marcelo Henrtzriken Velazco.
Con autorización judicial, se realizaron tres allanamientos simultáneos: en la clínica involucrada, en el domicilio del anestesiólogo y en la vivienda del traumatólogo denunciado. “Fuimos autorizados por el juez de garantías Marco Lupica Cristo y por los fiscales Valeria Panozzo y Pablo Vignaroli a allanar tres domicilios. Uno fue la clínica, que no tiene nada que ver y colaboró desde el minuto cero; simplemente necesitábamos acceder al sistema para chequear historias clínicas. También allanamos la casa del anestesista y finalmente la del traumatólogo, que tiene un grado de responsabilidad sustancialmente mayor”, detalló Velazco.
En los procedimientos se secuestraron notebooks, celulares y otros dispositivos electrónicos, que ahora serán peritados para verificar cómo se fraguaban las operaciones.
La alerta que destapó el fraude
Según la auditoría de OSPEPRI, el primer indicio fue la falta de registros en la clínica donde supuestamente se habrían hecho las intervenciones. “Nos encontramos con operaciones complejas y por otro lado la clínica nos dijo: ‘acá nunca hubo internación ni quirófano’. Eso descartó cualquier duda”, señaló Velazco.
El abogado ejemplificó la gravedad de las irregularidades: “Hay una nena de tres años con cardiopatía congénita que figura como operada de las dos rodillas, los tobillos y las caderas en el mismo día, sin internación ni anestesia. Es imposible. Nunca ocurrió”.
Posibles sanciones a profesionales
Velazco confirmó que la investigación penal avanza y que los médicos involucrados ya fueron desvinculados como prestadores. “Los dos son autores de defraudación. El traumatólogo está más comprometido, pero el anestesista también tiene participación en al menos cuatro casos. La escala penal va de dos meses a seis años de prisión, incluso con posibilidad de cumplimiento efectivo”, aseguró.
Además, anticipó que habrá acciones civiles: “Vamos a demandar la restitución del dinero con intereses y por daños y perjuicios. No se trata de un tema menor”.
El abogado también apuntó al costado ético y profesional: “Me imagino consecuencias con su matrícula. Tanto el Colegio Médico como el Colegio de Anestesistas tendrán que aplicar sanciones, porque hablamos de un fraude contra niños y contra el sistema de salud”.