En pleno corazón de San Martín de los Andes, una casilla levantada en un complejo de monoblocks y utilizada para la venta de drogas fue derribada este martes al mediodía en un operativo que tuvo una fuerte presencia política e institucional.
El procedimiento, realizado en el barrio Gobernadores Neuquinos, fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, el fiscal general José Gerez, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el intendente Carlos Saloniti, además de autoridades judiciales y municipales.
La demolición fue ordenada por un juez de Faltas tras las imputaciones contra el ocupante de la vivienda, identificado como D.A.A., acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En dos allanamientos se habían encontrado cocaína, marihuana, dinero en efectivo y anotaciones sobre la venta de drogas.
“Estamos ejecutando una política pública que nos pidió la sociedad: recuperar los espacios y ponernos firmes en la lucha contra la droga. Neuquén está viviendo cambios que no se ven en el resto del país”, aseguró Figueroa, al destacar el trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado.
Por su parte, el fiscal general Gerez subrayó que desde que la provincia comenzó a investigar el microtráfico en febrero ya se formularon cargos a 100 personas, de las cuales 35 fueron condenadas en un promedio de 50 días. “Esto coloca a Neuquén como modelo de gestión en la lucha contra el microtráfico”, señaló.
La casilla derribada fue la tercera demolida en lo que va de agosto, sumándose a las ya realizadas en Neuquén capital y en Centenario.
Un barrio que había sido tomado por el narcotráfico
La imputación hacia D.A.A fue el pasado 14 de mayo, tras un allanamiento realizado por el MPF y la división Antinarcóticos de la Zona Sur de la Policía provincial. En el lugar derribado se encontró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y anotaciones sobre ventas de estupefacientes.
Al momento de la acusación, desde el MPF se requirió que el imputado quede detenido, pero la solicitud fue rechazada por un juez de garantías de San Martín de los Andes, que dispuso medidas cautelares alternativas, como la prohibición a D.A.A de hablar con los vecinos sobre el caso; la obligación de comparecer los días viernes a la Comisaría 43°; y que se implementen rondines policiales en protección de los vecinos del barrio.
Luego, en otro procedimiento posterior a fines de julio, se volvió a encontrar drogas para la venta en el inmueble, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares. En la audiencia en la que el MPF realizó la segunda imputación a D.A.A, el fiscal jefe Gastón Ávila requirió que quede detenido con prisión preventiva, sobre la base de la nueva Ley de Reiterancia, sancionada el pasado 3 de julio (Ley provincial 3514), y que incorporó la reiterancia delictiva entre los motivos por los cuales la fiscalía puede requerir a un tribunal que imponga la prisión preventiva.
El requerimiento fue rechazado por un juez de garantías de San Martín de los Andes, que dispuso las mismas medidas cautelares que había ordenado en la primera imputación.
El caso del imputado D.A.A. volvió a poner sobre la mesa el debate judicial: pese a los pedidos de prisión preventiva por parte de la fiscalía, los jueces de garantías rechazaron la medida y dispusieron cautelares alternativas. Aun así, el inmueble fue reducido a escombros y el barrio recuperó el espacio que había sido tomado por el narcotráfico.
