La escena fue tan rápida como brutal. Un oficial de Policía, con jerarquía y poder dentro de la Escuela de Formación de Plaza Huincul, ordenó a una cadeta que lo acompañara a un aula vacía. Era el 23 de agosto de 2022. Una vez adentro y con las luces apagadas, cerró la puerta y la atacó.
La tocó sin consentimiento, en distintas partes del cuerpo, e intentó besarla a la fuerza. La joven, en estado de shock, logró escapar. Antes de irse, el policía le lanzó una advertencia intimidante: “No le cuentes a nadie”.
Dos años después, la Justicia provincial lo condenó. El efectivo, identificado como P.E.G., fue declarado culpable del delito de abuso sexual simple agravado por su condición de funcionario público, según la acusación formulada por la fiscal Gabriela Macaya.
El tribunal —integrado por las juezas Liliana Deiub, Alina Vanessa Macedo Font y el juez Diego Chavarría Ruíz— dictó una condena de tres años de prisión condicional, lo que implica que no irá a la cárcel, pero deberá cumplir con reglas estrictas de conducta y, lo más importante, quedó inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos.
Además, será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS), lo que dejará constancia judicial del delito en su historial personal.
Acuerdo para evitar la revictimización
El proceso judicial se resolvió mediante un acuerdo entre la fiscalía, la querella y la defensa del imputado, que evitó que la víctima tuviera que declarar en un juicio oral. Esto, explicaron, ayudó a protegerla de una nueva exposición emocional.
La pena incluye también una prohibición total de contacto con la víctima y con dos testigos, y una serie de obligaciones: actualizar su domicilio, someterse al control de la Dirección de Asistencia a la Población Judicializada y realizar un curso de perspectiva de género, con obligación de acreditar su cumplimiento.
La inhabilitación perpetua, revisable en cinco años, implica que el condenado no podrá volver a ocupar ningún tipo de cargo público, ni dentro de las fuerzas de seguridad ni en otra función estatal.
Mientras tanto, la víctima intenta reconstruir su camino, con la justicia a su favor y una herida que no debería haber existido nunca.