Guillermo Díaz, el empresario detenido que construyó un hotel de dos millones de dólares en Villa La Angostura mientras estafaba a decenas de familias en Cipolletti, tejió un entramado de sociedades y oficinas que le permitió vender terrenos que no eran suyos y prometer casas “llave en mano” que jamás existieron. La Justicia lo señaló como el jefe de la maniobra y lo mantiene con prisión preventiva por ocho meses.
De acuerdo con la investigación judicial, el ardid tenía varias capas. Primero montaban oficinas en pleno centro, sobre Yrigoyen casi Sarmiento, con cartelería atractiva y promotoras que ofrecían facilidades de pago. Allí operaba la sociedad “Les Bleus”, la cara visible del negocio. Pero detrás aparecía otra firma, “AGE Desarrollos”, con domicilio en General Paz al 1000, que supuestamente sería la encargada de levantar las viviendas. En los papeles todo parecía legal: contratos, sellos, recibos y hasta planos de casas modelo.
El truco estaba en la ejecución. En el caso de los loteos, la empresa había perdido la propiedad de las tierras por falta de pago, pero igual seguía cobrando cuotas como si nada. Hubo familias que completaron entregas de años sin enterarse que el terreno ya no les pertenecía. En paralelo, ofrecían viviendas listas para habitar, pero los proyectos no pasaban de la etapa de presentación. El dinero se evaporaba en adelantos millonarios: algunos damnificados llegaron a entregar hasta 88 mil dólares.
El grupo funcionaba como una asociación familiar. Díaz dirigía todas las operaciones. Su esposa, Valeria Soledad Poblete, y el abogado Juan Montero Etchemaite figuraban como socios responsables de “Les Bleus”. Incluso su hija, radicada en Recoleta, aparecía vinculada a los movimientos comerciales, incluso como titular del costoso hotel en la cordillera neuquina. Mientras tanto, las víctimas recibían explicaciones vagas sobre supuestos atrasos, hasta que las contradicciones se hicieron insostenibles.
En uno de los episodios más graves, Díaz llamó por teléfono a una de las familias afectadas y la amenazó para que no avanzara con la denuncia. Ese apriete quedó vinculado al loteo de calle Rimmele, donde nunca terminaron de pagar la compra del terreno, pero igual lo ofrecían como si fuera suyo. La causa dejó al descubierto el mecanismo repetido: vender lo que ya no tenían y prometer lo que nunca iban a cumplir.
El abogado querellante, Michel Rischmann, confirmó que hay dos causas penales en marcha y que la prueba es contundente: contratos, transferencias bancarias y testimonios que demuestran cómo un mismo grupo familiar montó una puesta en escena que terminó arruinando el sueño de la casa propia para 17 familias.
En la investigación se detectó que, al mismo tiempo que dejaban las obras inconclusas a los damnificados, la organización levantaba un hotel de dos millones de dólares en Villa La Angostura, registrado a nombre de la hija del empresario. Esa obra, admitida por el propio Díaz en audiencia, refuerza la hipótesis de que el dinero de las estafas era derivado a fines personales.
