La Justicia de Paz de una localidad de la costa rionegrina intervino de lleno en un conflicto escolar que escaló entre dos madres, a raíz de denuncias cruzadas por bullying que involucran a sus hijas de 11 años. El expediente se tramitó bajo la Ley provincial 5592, que castiga contravenciones como la intimidación, el acoso y las amenazas que afectan la tranquilidad de las personas.
Ambas mujeres comparecieron en representación de sus hijas, quienes relataron sufrir hostigamiento reiterado dentro del ámbito escolar. Una de ellas señaló que el bullying contra su hija surgió por viejos problemas entre los adultos y criticó la falta de respuestas de la escuela. La otra aseguró que su niña también es víctima y denunció haber sido agredida por la otra madre, tanto en la calle como en su domicilio.
Ante un clima de violencia que excede a las niñas y contamina los espacios compartidos, el Juzgado dictó una prohibición de contacto directo e indirecto entre ambas partes, que incluye mensajes por redes sociales, aplicaciones y hasta terceras personas. También fijó una restricción de acercamiento de 200 metros respecto de sus casas, lugares de trabajo y sitios de permanencia habituales.
La resolución fue más allá y ordenó la intervención de las autoridades educativas de la escuela primaria. El establecimiento deberá implementar protocolos de actuación frente al acoso escolar, evitar todo tipo de discriminación y revisar sus normas de convivencia con enfoque de género y derechos de la niñez.
Además, el fallo impuso capacitaciones obligatorias para docentes y personal educativo en temáticas vinculadas a la Ley Micaela y a la protección integral de la infancia. También dispuso asistencia psicológica y social para las niñas y sus madres, a través de equipos interdisciplinarios del sistema educativo.
Las medidas tendrán una duración inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga si persisten los riesgos o se incumplen las condiciones. La comisaría local quedó a cargo de supervisar el cumplimiento de las disposiciones.
