La Justicia de Neuquén imputó a un adolescente de 16 años por haber provocado la muerte de Antonio Felipe Altamirano, un joven motociclista de 24 años que falleció tras un siniestro vial ocurrido a fines de enero en la capital provincial.
La formulación de cargos fue realizada este miércoles por el fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, durante una audiencia en la Ciudad Judicial. Según la teoría del caso expuesta por la fiscalía, el hecho se produjo el 24 de enero alrededor de las 0:12, cuando el adolescente conducía un Volkswagen Voyage por Avenida del Trabajador en sentido oeste.
Al llegar a la intersección con calle Moritán, el conductor giró hacia la izquierda en dirección sur pese a que existía una señal de tránsito que prohibía esa maniobra. En ese momento embistió a Altamirano, quien circulaba en una motocicleta Suzuki por la misma avenida pero en sentido contrario.
El impacto hizo que el motociclista perdiera el control, saliera despedido y terminara contra el cordón cuneta. Como consecuencia, sufrió graves lesiones que derivaron en su muerte dos días después, producto de un traumatismo cráneo encefálico.
Durante la audiencia, el fiscal detalló que el adolescente no contaba con licencia de conducir al momento del hecho. El test de alcoholemia, en tanto, arrojó resultado negativo. Entre las pruebas presentadas se mencionaron el testimonio de un testigo presencial y registros de cámaras de seguridad que captaron la secuencia del choque.
La imputación es por homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo y por violar una señal de tránsito, en calidad de autor.
La audiencia fue dirigida por la jueza de la Niñez y Adolescencia, Carolina García, quien avaló la formulación de cargos y estableció un plazo de investigación de dos meses para avanzar con la causa.
En el cierre de la audiencia, el adolescente pidió la palabra. Según se informó, solicitó disculpas a la familia de la víctima, expresó su pesar por lo ocurrido y sostuvo que no tuvo intención de provocar el hecho.
Debido a que el acusado es menor de edad pero punible, el proceso se tramita bajo los lineamientos de la Ley provincial 2302 de protección integral de la niñez y adolescencia, que establece un abordaje específico para este tipo de casos en la provincia.
