Presentaron un proyecto de ley para otorgar una licencia laboral al personal que deba recibir asistencia médica o realizar trámites judiciales o asistenciales por padecer algún tipo de violencia de género.
La iniciativa pertenece a integrantes del gremio judicial (SEJUN) y señala que la medida debe alcanzar a trabajadores y trabajadoras que presten servicios en los tres poderes del Estado, municipios y organismos descentralizados.
En sus fundamentos recuerda que este tipo de licencias se otorgan en la Ciudad de Bs As desde el 29 de julio de este año; en Mendoza desde el 22 de julio; que el 22 de agosto el Parlamento chaqueño modificó el Estatuto Docente para que se puedan otorgar licencias extraordinarias a docentes que se encuentren en situación de violencia; que el 19 de octubre la Legislatura de Río Negro sancionó una ley que la implementa y de igual modo lo hizo Córdoba el 11 de noviembre pasado.