HIJOS COMO REHENES

Allanaron al padre que vive un infierno con el Estado

El sábado a la noche se disparó la alarma que tiene la tobillera de geolocalización. Más detalles de una historia impactante en esta segunda nota.
domingo, 21 de noviembre de 2021 · 10:11

El sábado por la noche, todo era calma en la vivienda de L, el padre que litiga por un hijo y que asegura ser perseguido desde el Estado por funcionarias estatales, entre ellas su propia ex pareja, a quien identificamos como G. De pronto, varios móviles policiales llegaron, y su casa fue allanada rápidamente. Había sonado la alarma de la tobillera que L lleva en su pierna, por imposición judicial y ante una caracterización -que él desmiente- de ser una persona de "alto riesgo". 

"La tobillera ha sido cortada. Así lo marcó el sistema", le dijeron. Pasó un largo rato mientras los policías constaban que en realidad no había pasado nada, que la tobillera seguía en su sitio, indemne de todo daño, y que el aparato transmisor que tiene estaba en perfectas condiciones. L, con la hija que vive con él, pasaron otro mal rato de una sucesión de infortunios que lo hace sentir perseguido y controlado como si fuera un preso de una cárcel de máxima seguridad. 

La historia de L empezó a ser contada por este periodista por sus características singulares. Está en litigio por la imposibilidad de ver a su hijo menor, que cursa la primaria, y al que se le ha impuesto en los últimos días un diagnóstico de espectro autista, una condición que es categorizada como una discapacidad. Según L, es otra maniobra de G para asegurar su tenencia y un régimen que lo excluya de visitas. G es funcionaria provincial. La madre de G, también. Los hermanos también revistan en el Estado. Y hace poco descubrió que otra pariente trabaja precisamente en el sistema de monitoreo y control policial que atiende a quienes tienen tobillera electrónica.

"Se pasan de control", dice L, amargamente. Ha recibido amenazas después que trascendiera su historia con la primera nota publicada por este periodista. También recibió una reprimenda y una medida judicial tajante: no puede hacer publicaciones en redes sociales sobre su situación. Cada vez que lo haga recibirá una multa, que en la jerga judicial se denomina astreinte.

Una de las últimas veces que intentó y logró, fugazmente, ver a su hijo, fue en octubre pasado. L se enteró que su hijo, que hacía dos semanas no concurría a la escuela primaria en la que estudia, había vuelto a clases. Fue a la escuela, después de enviarle un mail a G, la madre del niño, y pidió retirarlo. Pero la directora se lo impidió. Le dijo que había orden de la madre para que nadie pudiera retirar al niño, salvo ella. La directora de la escuela llamó a la policía, a la comisaría Primera. Llegaron los agentes en un móvil, y L les mostró la disposición judicial que en ningún momento limitaba la posibilidad de ver a su hijo. G, la madre, avisó por su cuenta a la policía (tiene un botón antipánico). Dijo que estaba en la escuela, y que L pretendía llevarse a su hijo.

L cuenta que G llegó a la  escuela y se reunió con la policía y la directora del establecimiento. El, mientras tanto, esperaba en otra dependencia. Entre idas y vueltas e infructuosas llamadas a la fiscalía para que interviniera, "pasaron cinco horas", cuenta L, con el chico "aislado" en un aula. Finalmente, llegó un auto con dos empleadas de la secretaría de Familia. Permitieron que la madre se llevara el niño. A L le dieron un plazo para retirarse, porque de lo contrario "sería detenido".

L sigue en su casa. No trabaja. Cada tanto, tiene que poner a cargar el dispositivo de la tobillera: si se queda sin batería, suena la alarma en la sede policial y él incurre en una infracción que se suma a los antecedentes laboriosamente trabajados. 

(Continuará)

 

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