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Miércoles 08 de Octubre, Neuquén, Argentina
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Dos personas imputadas por resistencia a la autoridad durante el desalojo en Cipolletti

Un hombre y una mujer fueron acusados tras los incidentes ocurridos durante el operativo en el loteo El Edén. La Fiscalía los imputó por obstaculizar la medida judicial y agredir a personal policial

Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 10:16
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El operativo se realizó durante la mañana del martes

Durante una audiencia que se realizó este martes, se formularon cargos contra dos personas por los hechos ocurridos durante el desalojo de un loteo irregular en Cipolletti. El procedimiento se realizó en la mañana del martes en un predio ubicado sobre la calle rural Siete Granaderos, entre Ruta Provincial 65 y Ruta Nacional 22, en cumplimiento de un expediente por infracciones a las normativas de obras y construcciones. La medida fue ordenada por el Juzgado de Faltas de la Municipalidad y ejecutada con apoyo de la fuerza pública.

Según explicó la Fiscalía, el operativo tenía como objetivo la ejecución de una orden de desalojo y demolición, con clausura del inmueble y prohibición de ingreso de personas, materiales y maquinaria. Sin embargo, algunas personas presentes en el lugar intentaron impedir la acción de las autoridades. Entre ellas el hombre y la mujer que fueron posteriormente detenidos e imputados por resistencia a la autoridad.

La acusación fiscal sostiene que ambos individuos permanecieron en el ingreso del predio y obstaculizaron el trabajo de las máquinas municipales. Además, se los acusa de haber agredido al personal policial que intervenía en el operativo. El hombre habría insultado y empujado al Comisario Jefe de la Unidad Regional V, mientras que la mujer habría intentado evitar la detención de su acompañante, propinando golpes de puño a un oficial. Las conductas fueron calificadas como resistencia contra la autoridad, en calidad de coautores, según los artículos 239 y 45 del Código Penal.

Por su parte, la defensa argumentó que el procedimiento fue irregular y que existieron violaciones a la propiedad privada. La jueza de Garantías dio por formulados los hechos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Durante ese período se desarrollarán las medidas de prueba correspondientes para determinar la responsabilidad penal de los imputados.

Ambas personas recuperaron su libertad tras la audiencia, ya que la Fiscalía no solicitó medidas de coerción, considerando que se acreditó el arraigo en los domicilios fijados.

 

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