El juez federal Hugo Greca le puso punto final a años de abandono y excusas: hizo lugar al amparo colectivo presentado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y empresarios, y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad que repare de manera urgente la Ruta Nacional 151, una traza que se volvió un verdadero infierno para miles de rionegrinos.
El fallo no deja margen para eludir responsabilidades: Vialidad Nacional tendrá 10 días para presentar un plan de acción y 90 para empezar las obras. Además, deberá garantizar que todo el trabajo esté terminado en un plazo máximo de seis meses.
Greca fue claro: el Estado nacional incumplió su obligación legal de conservar la ruta y puso en riesgo la vida de quienes la transitan todos los días.
Una trampa mortal
El amparo había denunciado el “estado calamitoso” de los 150 kilómetros que unen Cipolletti con el límite con La Pampa.
Pozos, grietas, banquinas comidas y falta total de mantenimiento convirtieron a la 151 en una ruta peligrosísima y difícil de transitar, donde los accidentes y los sustos son moneda corriente.
La causa incluyó pruebas y relevamientos que mostraron que el deterioro no solo afecta a automovilistas: también complica traslados sanitarios, el transporte escolar de más de 10.000 alumnos y 2.300 docentes, y golpea directamente a sectores productivos como la fruticultura, la minería, el turismo y el petróleo.
Tras conocerse la sentencia, Weretilneck celebró el fallo con un mensaje directo al Gobierno Nacional: “Teníamos razón. Lo dijimos desde el primer día: no era un capricho, es un derecho. La Ruta 151 pone en riesgo vidas todos los días y necesita una solución definitiva".
"Esta sentencia nos da la razón y nos compromete aún más a seguir reclamando por la seguridad y la vida de nuestra gente", remarcó.
Detrás del triunfo judicial hubo un trabajo técnico y legal encabezado por la Fiscalía de Estado de Río Negro, que recopiló relevamientos, fotos, pericias y testimonios de vecinos, choferes y productores. El respaldo de intendentes y cámaras empresariales fortaleció el reclamo y dejó al descubierto el abandono de Vialidad Nacional.
Con este fallo, la Justicia reconoce por primera vez el derecho colectivo a la seguridad vial y marca un precedente fuerte: el Estado nacional deberá responder por el deterioro de sus rutas cuando pone en peligro la vida de la gente.
