El gobernador Rolando Figueroa promulgó la Ley Provincial 3531/25, que establece controles toxicológicos obligatorios a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. La norma, impulsada por el propio mandatario, fue aprobada por amplia mayoría en la Legislatura Provincial el pasado 17 de septiembre.
La nueva legislación dispone la realización periódica de exámenes toxicológicos como requisito para la permanencia en los cargos públicos. El objetivo central es garantizar la ética, la integridad y la responsabilidad de los funcionarios, asegurando un desempeño libre de vínculos con el narcotráfico o el consumo de sustancias psicoactivas.
El alcance de la ley incluye a autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre ellos el gobernador y vicegobernador, ministros, diputados, magistrados, fiscales, defensores, intendentes y concejales. También alcanza a organismos autárquicos y empresas con participación estatal, fortaleciendo así el control en todos los niveles de la administración pública.
Los controles se realizarán de manera sorpresiva y aleatoria, mediante pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria competente. Los exámenes estarán a cargo de personal habilitado y, en caso de negativa injustificada, esta será considerada equivalente a un resultado positivo, aplicándose las sanciones correspondientes.
Además, la norma prevé la creación de una Comisión Evaluadora Interpoderes, integrada por representantes técnicos de los tres poderes del Estado, que actuará como organismo autónomo. También se implementará un registro interno confidencial para documentar los resultados, su trazabilidad técnica y los procedimientos derivados de eventuales resultados positivos.
La Ley 3531/25 se suma a las medidas impulsadas por el Gobierno provincial en la lucha contra el narcotráfico, en línea con la Ley de Desfederalización del Narcomenudeo. Ambas herramientas fortalecen la capacidad de la Policía y de la justicia neuquina para actuar con mayor rapidez y eficacia frente a esta problemática.
