Todo empezó con un folleto. Prometía lo que muchos buscan y pocos consiguen: un barrio residencial, sin locales comerciales ni edificios invasivos. Lotes con servicios básicos, cordón cuneta, asfalto y silencio. El hombre, vecino de Roca, no dudó, compró, construyó, amplió, parquizó, hasta instaló una pileta. El proyecto de vida estaba en marcha.
Pero la calma duró menos que una promesa de campaña. Una mañana, el paisaje cambió de golpe, la misma empresa que le vendió el lote inició, justo al lado de su casa, una construcción de 24 departamentos, dos locales comerciales y una mole de 12 metros de altura. Más de 2.300 metros cuadrados que sepultaron la tranquilidad.
Lo que siguió fue un infierno cotidiano, ruidos constantes, invasión de su propiedad, trato hostil del personal de obra y cero respuestas de la empresa. El vecino denunció ante la Municipalidad de Roca, que constató infracciones por ruidos y horarios indebidos. Pero la obra siguió como si nada.
Entonces, decidió ir a fondo. Presentó una demanda por daños y perjuicios. Y el fuero Civil de Roca le dio la razón. El fallo fue lapidario: la empresa deberá pagar por daño patrimonial, daño extrapatrimonial y una sanción punitiva.
La jueza no se anduvo con rodeos. Señaló que la obligación de informar antes de firmar un contrato se basa en la buena fe. Y que quien tiene la información, domina el vínculo. En este caso, la empresa actuó con posición dominante, deslealtad y desprecio por los derechos del consumidor.
Los peritos fueron contundentes: la obra es incompatible con el uso residencial exclusivo. Además, se acreditó una pérdida del 30 % en el valor de la propiedad del vecino y una afectación emocional permanente. El fallo concluyó que, aunque la empresa contaba con habilitación municipal, omitió informar las verdaderas condiciones del barrio.
