En sesión especial, la Legislatura de Neuquén aprobó hoy en general y por mayoría la modificación a la Ley 3540, que autorizó al Ejecutivo a solicitar un préstamo con el BID por 150 millones de dólares. El cambio se adecua a los términos de Ley 2141, de Administración Financiera y Control, y le permite al Gobierno provincial ampliar el acceso a fuentes de financiamiento internacional para obtener recursos en condiciones más beneficiosas, sin modificar ni el monto ni su finalidad.
De esta forma, el Ejecutivo también podrá utilizar las operaciones previstas en el inciso 1 del artículo 36 de dicha ley, vinculadas a la emisión y colocación de títulos, bonos u otras obligaciones de mediano y largo plazo.
La normativa cosechó 27 votos positivos aportados por los bloques de Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Avanzar, JxC-UCR, Arriba Neuquén, Neuquén Federal y Juntos. En contra lo hicieron los bloques de Unión por la Patria, Democracia Neuquén, Cumplir, FIT-U y PTS-FIT-U.
“Queremos fortalecer la gestión financiera y garantizar los objetivos planteados en la Ley 3540. La intención es poder cerrar año a año el déficit en infraestructura que presenta en la actualidad la Provincia”, explicó el legislador Matías Martinez (Comunidad) al defender la iniciativa y tras aclarar que no constituye un incremento en el monto ni una modificación en el objeto de la ley.
A su turno, Francisco Lepore (Avanzar) se pronunció a favor de tomar deuda para desarrollar obras de infraestructura. Lo dijo al calificar de beneficiosas las condiciones de toma de nueva deuda para la Provincia y destacar que desde diciembre de 2023 en adelante, la actual gestión redujó en un 32% el stock de deuda en dólares, de 1263 millones de dólares a 817 millones. Remarcó que esa baja se verificó en el mismo lapso de tiempo en el cual el Ejecutivo destinó mil millones de dólares a la realización de distintas obras de infraestructura, y lo hizo sin ningún aporte del Gobierno nacional.
El legislador detalló que la deuda con organismos multilaterales de crédito tiene un plazo de gracia de cinco años para comenzar a pagar capital. Durante ese período, la Provincia tiene estipulado pagar vencimientos por 500 millones de dólares, lo cual reducirá a un 10% el stock de deuda prevista para el momento en el cual se deban empezar a cancelar los últimos empréstitos.
Por su parte, los diputados que integran el bloque del MPN apoyaron la iniciativa. En su intervención, el jefe de la bancada, Gabriel Álamo, reconoció la importancia del plan de obras públicas que desarrolla el Gobierno, sobre todo en el interior de la Provincia. Parte de su exposición también la utilizó para responder críticas sobre el origen de la toma de deuda durante el último Gobierno del partido provincial.
Sobre este punto, explicó que desde principios del año 2020 el país y el mundo padeció una pandemia que deprimió la actividad económica y la Provincia debió afrontar gastos con un barril de petróleo que llegó al piso de su valor, con un precio de referencia equivalente a cero.
“El endeudamiento fue para gastos corrientes y los gobiernos locales y provincial debieron asistir la actividad económica”, resaltó el diputado al tiempo que recordó que parte de la obra pública que no se pudo ejecutar se debió a las dificultades para establecer precios de referencia para la construcción, desfasaje que se observó por la alta tasa de inflación, índice que alcanzó el 210% en el 2023.
A su turno, su par de bancada, Claudio Domínguez, observó que la gestión del MPN permitió dinamizar el enclave no convencional Vaca Muerta al sancionar la ley que dio origen a su ciclo productivo en agosto de 2013. Al respecto, manifestó que al año 2020 la producción alcanzó los 160.000 barriles, cantidad que se cuadruplicó en 2025 al llegar a 600.000 barriles, con una tendencia en alza para el año próximo. “¿Qué haría hoy la Provincia con solo 160.000 barriles y con un valor del dólar atrasado como el que dejó la anterior gestión nacional?”, se defendió Domínguez.