La Legislatura rionegrina quedó atravesada por un debate urgente y cargado de advertencias ambientales: la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), acompañada por José Luis Berros y Ayelén Spósito, presentó un proyecto para recuperar la figura del guardafauna después de años de abandono. El disparador fue un dato que, según advirtió, debería “avergonzar” al Estado: solo dos guardafaunas trabajan hoy en toda la provincia.
Ahora bien, la gravedad no está solo en el número. La dirigente planteó que esa ausencia casi total de control abrió la puerta a un escenario repetido y brutal: matanza de cóndores, guanacos, choiques y animales nativos que, según describió, se multiplican sin investigaciones ni sanciones. Y, además, sin un Estado que siquiera mire.
Con un tono firme, Odarda sintetizó el problema con crudeza. “La realidad es simple y grave: sin guardafaunas no hay protección posible. No podemos seguir mirando para otro lado mientras desaparecen especies que forman parte de nuestra identidad”, lanzó. A ese diagnóstico le sumó el límite operativo: “Con dos guardafaunas no se puede proteger ni una reserva, menos una provincia entera. O se refuerza la protección ahora, o seguiremos permitiendo que estas matanzas queden impunes”.
Un cambio de raíz: mover el cuerpo a Ambiente
La legisladora no se quedó en el reclamo. El proyecto propone que el cuerpo de guardafaunas deje la órbita del Ministerio de Producción y pase directamente a la Secretaría de Ambiente. La lógica es contundente: si la misión es controlar, prevenir y proteger, la conducción debe estar en el área que diseña la política ambiental.
A la vez, plantea una revisión profunda de la Ley de Fauna, que hoy, según denunció, mantiene un enfoque productivista donde los animales se ven como recursos. El bloque propone aggiornarla hacia una mirada conservacionista real, con herramientas para intervenir antes de que el daño esté hecho.
Para Odarda, el debate no es técnico sino político: qué lugar ocupa la fauna silvestre en la agenda pública. Río Negro tiene zonas rurales interminables, caminos remotos, áreas protegidas que requieren presencia permanente y una creciente presión sobre el ecosistema. Con dos agentes, advirtió, la ley “queda escrita, pero nunca actúa”.
La iniciativa entró formalmente al circuito legislativo. Si prospera, puede abrir un reordenamiento institucional y recuperar un cuerpo que, hasta hace unos años, tenía presencia territorial. Si no avanza, anticipó Odarda, la provincia seguirá operando “con un esquema mínimo y sin músculo para prevenir ni investigar”.
