¿Sabés que cuando un padre llega a la escuela- que es nuestro lugar de trabajo- nosotros como maestros estamos indefensos? Ellos están inmunes, porque si nos agreden no vamos a responder. A nosotros nos pueden sumariar, todo se notifica. El proyecto busca ponernos en tren de igualdad”.
Con esas palabras Agustín Sánchez, que es asesor pedagógico de la EPET 27, defendió (en diálogo con Mejor Informado) la iniciativa que presentó en la Legislatura, que busca disuadir a los que quieran violentar a los maestros, fijando multas y hasta arrestos.
La ingresó por mesa de entradas del cuerpo deliberativo el viernes, impulsado por el episodio que afectó a tres docentes del Instituto de Formación Docente (IFD) 12, a los que les dieron una feroz golpiza que sigue generando repercusiones. Busca que cosas como ésa no se repitan.
“El proyecto es mío, y actué por mi cuenta al llevarlo para que se trate, como forma de contribuir. En realidad lo tenía desde hace tiempo, cuándo pasó algo similar en Plottier. En ese momento íbamos a presentarlo en conjunto con el colegio en el que estaba, pero la idea no prosperó. Cuándo me enteré de este caso, no dudé, y lo llevé a la Legislatura” relató.
“Lo importante es que se sepa que con esto no se apunta a crear una guerra entre docentes y padres. Se busca frenar a los padres violentos, dejando en claro que sus ataques tendrían una sanción” explicó.
¿En qué consiste la iniciativa?
La propuesta plantea sancionar a los que agredan a maestros, ya sea través ataques físicos, verbales o psicológicos. Eso incluirá amenazas y daños a bienes personales (roturas de vehículos, pintadas, etc.)
Inicialmente, para fijar sanciones, se determinará si los agresores son empleados públicos o privados. Si el que golpeó al maestro depende del Estado se procederá a la suspensión inmediata sin goce de haberes mientras dure la investigación; la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco años y la cesantía en casos de agresión grave.
Si el violento viene de la actividad privada se notificará a sus empleadores, que evaluarán cómo enmarcar el hecho dentro de la legislación laboral vigente.
Por otra parte, según sea la gravedad del caso, también se proponen multas económicas, y hasta se fija la posibilidad de arresto, o de trabajo comunitario.
En relación a los docentes, se garantiza que los agredidos reciban asistencia psicológica y legal gratuita, mientras que los que los ataquen se incluirán en un “Registro Provincial de Agresores a Docentes”.
"Ahora espero que estas ideas prosperen en la Legislatura. Que se traten y se debatan. Hay que ponerle un límite a la agresión" subrayó Sánchez.