Después de más de una década de espera, la Justicia le puso un freno a la desidia oficial. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le ordenó al Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia que revise de manera urgente el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, una herramienta clave para la conservación ambiental que debería haberse actualizado hace años.
La medida fue impulsada por una acción judicial presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables, que denunciaron la falta de cumplimiento de la Ley 4552. Esta norma provincial, que adhiere a la Ley Nacional de Bosques (26.331), exige revisar el ordenamiento cada cinco años. Sin embargo, ya pasaron más de diez desde la última vez que se tocó el tema.
El máximo tribunal provincial fue categórico: le dio 30 días hábiles al Ejecutivo para presentar un plan de trabajo detallado, con plazos acotados y medidas urgentes para evitar daños ambientales mientras se completa el proceso. Además, exigió que el cronograma se cumpla con el mayor ritmo posible.
En el fallo, los jueces recordaron que esta herramienta legal es fundamental para proteger los ecosistemas forestales y que la inacción del gobierno podría poner en riesgo la biodiversidad. También destacaron que la carga de probar que no hay daño ambiental ahora recae sobre la Provincia, de acuerdo con el Acuerdo de Escazú, que tiene rango de ley nacional.
Pese a los argumentos de la Fiscalía de Estado, que reconoció la demora pero intentó justificarla en la complejidad del proceso, el STJ concluyó que no hay excusas válidas. El Procurador General, Jorge Crespo, había opinado que la demanda era “improcedente”, pero los jueces decidieron lo contrario.