El tramo final del juicio por las presuntas estafas con planes sociales en Neuquén tuvo un fuerte contrapunto entre las defensas y la Fiscalía. Los abogados que representan a los 12 imputados iniciaron sus alegatos cuestionando la arbitrariedad del Ministerio Público Fiscal al seleccionar a quienes serían acusados, mientras otros que participaron de hechos similares no fueron imputados.
En el alegato de la Fiscalía, realizado la semana pasada, el fiscal Juan Narvaez junto al fiscal jefe Pablo Vignaroli, señalaron que toda la prueba presentada reflejó la existencia de una asociación ilícita, con 12 de los 14 acusados que formaron parte de esa estructura y que defraudaron el patrimonio del Estado. Narváez explicó que la Fiscalía identificó cinco niveles de responsabilidad dentro de la organización, desde quienes idearon y dirigieron la maniobra hasta los colaboradores y beneficiarios que actuaron como engranajes de la estafa.
El equipo de la fiscalía de Delitos Económicos presentó al tribunal una estructura delictiva con jerarquías y funciones, de tipo piramidal, con el primer nivel a cargo de los jefes. Allí ubicó a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.
En los alegatos de las defensas de los acusados, la abogada Laura Giuliani defendió a Isabel Montoya, de 31 años, madre de tres hijos y viuda, quien según la Fiscalía se habría beneficiado de planes sociales y abierto un centro de estética en Centenario. Giuliani sostuvo que la acusación se basó en el vínculo sentimental con Pablo Sanz, y pidió que se juzgue a Montoya con perspectiva de género.
“La acusación no demuestra lucro personal ni apropiación de fondos; Isabel fue arrastrada al proceso por ser pareja de Sanz. Además, sus hijos sufrieron bullying por la exposición pública”, subrayó la defensora, quien reclamó su absolución y la consideración de la vida vulnerable y las dificultades económicas de la imputada.
Por su parte, la defensora Carolina Johansen solicitó la absolución de Valeria Honorio, acusada de asociación ilícita por 43 cheques por más de 2 millones de pesos. Johansen argumentó que no hay pruebas de apropiación personal y que el patrimonio de su clienta fue malinterpretado.
En tanto, Elio García defendió a Emanuel Victoria Contreras, cuestionando que se lo acusara únicamente por su presencia en un cajero automático. Destacó que la causa fue “sobremediatizada y sobrepolitizada” y que la documentación hallada no podía criminalizar la política ni la democracia.
Pablo Sanz: colaborador, no jefe
La defensa de Sanz, a cargo de Giuliani, sostuvo que su cliente actuaba como colaborador de Ricardo Soiza, director de Planes Sociales, y que no se enriqueció con las extracciones ni cheques. Según la defensora, los punteros políticos y los responsables de la maniobra nunca fueron citados.
“(Sanz) Cumplía tareas del cuarto nivel jerárquico, retiraba dinero y cobraba cheques bajo órdenes de Soiza, quien a su vez respondía a Luciano Palma. No era jefe, no decidió sobre beneficiarios ni dirigió la operación”, explicó Giuliani, quien pidió su absolución y la moderación de penas por extracciones puntuales.
Marcos Osuna: “el informático esclavo”
El abogado Juan Pablo Piombo describió a Marcos Osuna como un empleado subordinado, encargado de computadoras, impresoras y listados de beneficiarios, sin poder de decisión. Sostuvo que su único ilícito fue retirar cheques siguiendo órdenes y que la acusación fiscal de asociación ilícita carecía de fundamentos.
“Fue encarcelado para intimidar a otros testigos y se le imputan más de 9.000 hechos de estafa de manera arbitraria. Debe ser sobreseído como partícipe secundario”, afirmó Piombo.
Finalmente, los defensores Pablo Gutiérrez y Ricardo Mendaña, del denominado “grupo Anaya”, negaron que existiera asociación ilícita y cuestionaron la calificación de la Fiscalía por falta de pruebas y omisión de testigos clave. En tanto, los abogados Fabián Flores y Carlos Fernández, defendiendo a Luis Gallo, destacaron que su cliente sólo realizó actos administrativos legítimos y nunca firmó cheques ni participó directamente de la maniobra.
En la etapa de alegatos, las defensas coincidieron en señalar que la estructura de la supuesta estafa tenía niveles jerárquicos superiores no imputados, mientras que sus clientes fueron señalados de manera selectiva. También pidieron considerar las pruebas con perspectiva de género y absoluciones donde no hay evidencias de lucro o liderazgo en la maniobra
