La Provincia del Neuquén declaró la emergencia por sequía y presentó un plan de asistencia y créditos para acompañar a los productores afectados. El anuncio se realizó en Zapala, donde el gobernador Rolando Figueroa explicó que se destinarán más de 4.430 millones de pesos, incluyendo 3.000 millones en financiamiento, con un incremento presupuestario del 457%.
Figueroa subrayó la importancia de planificar acciones concretas frente a la falta de agua y destacó el rol del área de Recursos Hídricos para realizar perforaciones, contratar camiones y abastecer a las zonas más críticas. Además, ratificó la continuidad de las Huellas de Arreo como política de Estado, en apoyo a la trashumancia y la identidad cultural de la región.
El ministro de Economía, Guillermo Koenig, señaló que la asistencia se financiará con fondos provinciales y que se busca adelantarse a los efectos de la sequía. Remarcó que los créditos se ofrecerán con tasas del 10% al 20%, con meses de gracia, en contraste con la política nacional, y estarán disponibles para pequeños, medianos y grandes productores.
Por su parte, el secretario de Producción, Diego García Rambeaud, detalló que el plan contempla tres líneas de financiamiento para agricultura familiar y sistemas productivos de mayor escala. También se incluyen fondos rotatorios, mejoras en sistemas de riego y créditos destinados a infraestructura hídrica, en coordinación con municipios y organizaciones de regantes.
La emergencia provincial tendrá una vigencia de 18 meses, con posibilidad de prórroga por seis más, según lo establecido en la Ley 3117. La medida alcanza a personas y entidades que acrediten afectación productiva y contempla beneficios tributarios, crediticios y sociales para mitigar los efectos de la sequía en el territorio neuquino.
Entre las acciones previstas se incluyen medidas técnicas y financieras excepcionales, como exenciones impositivas, incentivos a la comercialización de animales y la aplicación de un marco legal que sancione el uso indebido del agua. El objetivo central es reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos y garantizar la sostenibilidad agropecuaria.
