El Ministerio de Salud de Río Negro inició una investigación interna para determinar las circunstancias en las que una ambulancia del sistema público fue utilizada durante una protesta gremial en la localidad de Cervantes. El episodio ocurrió el jueves 18 de septiembre, en el contexto del paro convocado por el gremio ASSPUR, y generó cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales para fines ajenos a la prestación de servicios sanitarios.
Según informó la cartera sanitaria, el vehículo fue registrado participando de la manifestación sin estar afectado a tareas asistenciales. La Dirección de Salud Pública abrió un expediente administrativo para esclarecer si hubo autorización formal, quién estuvo a cargo del móvil y qué tipo de sanciones podrían corresponder. “Es una falta grave. Los vehículos sanitarios, especialmente las ambulancias, son herramientas esenciales para la atención de la comunidad y no deben ser utilizadas para actividades que no estén directamente relacionadas con la prestación de servicios de salud”, expresó el ministro Demetrio Thalasselis.
El hecho se conoció en paralelo al informe oficial sobre el bajo acatamiento al paro de 24 horas convocado por ASSPUR, que tuvo expresiones en distintos hospitales de la provincia. La presencia de una ambulancia en la protesta de Cervantes abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y el gremio, que reclama recomposición salarial y denuncia precarización laboral en el sistema de salud. Desde el Ministerio se remarcó que “no se tolerarán acciones que pongan en riesgo el normal funcionamiento del sistema de salud y la atención de la población”.
La investigación se suma a otras medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial en el contexto de las tensiones gremiales. En las últimas semanas, ASSPUR realizó paros, movilizaciones y cortes de actividades en hospitales, mientras que el Gobierno cuestionó la legalidad de algunas acciones y ratificó su compromiso con el diálogo institucional. El uso de una ambulancia en una manifestación representa, según el Ministerio, “una transgresión a los protocolos de uso de vehículos oficiales”.
El expediente administrativo buscará determinar responsabilidades individuales y establecer si hubo negligencia, abuso de funciones o incumplimiento de normativas. Mientras tanto, el Ministerio reafirmó que “la prioridad es garantizar la atención sanitaria y preservar la confianza de la comunidad en el sistema público”.
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