Durante la lectura del veredicto en la megacausa por las estafas con planes sociales, el juez Juan Guaita ofreció una radiografía detallada de cómo se implementó y sostuvo en el tiempo la maniobra que perjudicó al Estado neuquino. Su exposición dejó al descubierto el nivel de organización, los distintos roles y el objetivo último: desviar fondos públicos y utilizarlos para gastos personales y de clientelismo político.
Según Guaita, la maniobra se desarrolló a través de cuatro grupos principales de beneficiarios y actores involucrados:
Beneficiarios reales: Personas en situación de vulnerabilidad, con discapacidad o adultos mayores, que cumplían con los requisitos para acceder a planes sociales, pero recibían apenas una fracción mínima del subsidio; aproximadamente el 90% del monto se desviaba hacia los funcionarios involucrados.
Empleados del Ministerio registrados como beneficiarios: Personas que en condiciones normales no podían percibir subsidios por ser trabajadores del propio Ministerio, pero que figuraban en los listados y cobraban fondos destinados a terceros.
Empleados presionados para reclutar a otros: Este grupo cobraba como beneficiario y, además, era obligado a incorporar a familiares o personas que podían o no cumplir los requisitos, ampliando así la base de la maniobra.
Listados de punteros políticos: Documentos confeccionados por militantes, mayormente del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que permitían incorporar “beneficiarios ficticios” para desviar fondos hacia la estructura política y clientelista de la organización.
El dinero recaudado a partir de estas prácticas era centralizado en las oficinas de calle Rivadavia, almacenado en una caja azul bajo la custodia de Ricardo Soiza, y luego distribuido en sobres entre distintos destinatarios.
Modalidades de fraude y mecanismos de control
Guaita detalló que la maniobra incluía múltiples acciones ilícitas: falsificación de cheques y firmas, endosos falsos, amenazas y coacciones para garantizar que los beneficiarios no denunciaran. Además, los fondos desviados se utilizaban para contrataciones irregulares, pagos en negro de honorarios y consumos privados, en algunos casos vinculados a locales comerciales como El Faraón.
Cuando el Banco Provincia de Neuquén detectó anomalías y bloqueó cuentas, los implicados adaptaron la maniobra, recurriendo a depósitos en otras entidades y utilizando tarjetas de débito de beneficiarios para extraer efectivo. Se registraron casos en que un mismo testigo constató hasta 20 tarjetas utilizadas en distintos cajeros, una modalidad que el tribunal describió como “extracción ráfaga” y evidencia de la estandarización del fraude.
Niveles de responsabilidad
El juez Guaita estructuró la maniobra en distintos niveles jerárquicos de responsabilidad:
Primero: Dirección de Planes Sociales, liderada por Ricardo Soiza, encargada de confeccionar listados de beneficiarios, gestionar cheques y custodiar el dinero recaudado junto con Pablo Sánz y Marcos Osuna.
Segundo: Servicio Administrativo Financiero, con exfuncionarios que usaban su competencia contable y administrativa para autorizar pagos y validar asientos contables. Entre ellos se encuentran Tomás Siegenthaler, Luis Gallo, Laura Reznik y Julieta Oviedo.
Tercero: Ministerio de Desarrollo Social, con Abel Di Luca en la cúspide, quien daba la autorización final para los pagos y desvíos de fondos y participaba de reuniones estratégicas junto con Siegenthaler.
El magistrado subrayó que los planes sociales fueron el vehículo que permitió apropiarse del dinero del Estado. Mientras que algunos subsidios llegaban correctamente a quienes los necesitaban, una parte significativa se desviaba para sostener una estructura de clientelismo político y engrosar patrimonios personales.
Impacto social y conclusión del tribunal
Guaita enfatizó que la maniobra abusaba de la vulnerabilidad de los beneficiarios, generando un perjuicio económico y social significativo. La estafa combinó falsificación de documentos, presión sobre empleados y manipulación política de los subsidios, consolidando un sistema de fraude estructurado y sostenido en el tiempo.
“Se trata de una administración fraudulenta contra la provincia, lograda con múltiples actos ilícitos y la coordinación de distintos núcleos de funcionarios”, concluyó el juez, dejando en claro que la investigación no solo buscó sancionar a los responsables, sino revelar la complejidad y la magnitud de la maniobra que perjudicó a los ciudadanos y al Estado provincial.
