El juicio por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén entró en su etapa decisiva y, antes del alegato de la fiscalía, cuatro de los principales imputados hicieron uso de su derecho a declarar. Las audiencias se cargaron de frases polémicas, denuncias de persecución política y descargos en los que cada uno intentó despegarse de la acusación de asociación ilícita.
Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, fue el más explosivo. Llamó “caraduras, cínicos y mentirosos” a los arrepentidos, apuntó contra la fiscalía y dijo que entregaba cheques a punteros por “orden del gobernador Omar Gutiérrez”.
Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización, aseguró que no era jefe de nada y que “faltan 30 o 40 imputados” en la causa. “Esto es como el Titanic, nadie se quiere hundir”, lanzó en la sala.
El contador Tomás Siegenthaler, por su parte, sostuvo que “no comprende” por qué está imputado, defendió su rol administrativo y repitió que era “imposible advertir las irregularidades”.
Por último, Laura Reznik, exdirectora de Finanzas, dijo que nunca se enriqueció, que no cobró un solo cheque y que los informes de la Contaduría General avalaban su gestión: “No sé qué hago acá, solo hice mi trabajo”.
Las cuatro declaraciones marcaron el cierre de la etapa de pruebas y dejaron en claro un denominador común: ninguno de los acusados se reconoce como jefe de la supuesta asociación ilícita.
Ricardo Soiza: “De los arrepentidos me asombró la caradurez, cínicos y mentirosos”
El exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, apuntó contra los arrepentidos, dijo que recibió “órdenes directas” del exgobernador Omar Gutiérrez para entregar cheques a punteros y denunció que la causa es “política”.
Soiza fue el último imputado en hablar en el juicio por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén. Fiel a su estilo, arrancó con munición gruesa: “De los arrepentidos me asombró la caradurez, cínicos y mentirosos”.
El exfuncionario aseguró que, si cometió errores, fue porque obedecía órdenes del poder político, en particular del entonces gobernador Omar Gutiérrez. Según relató, durante la pandemia se le entregaban cheques directamente a los líderes de las organizaciones sociales para desactivar los conflictos en la calle: “Era la orden del gobernador, se les daba el sobre con los cheques y ellos firmaban los recibos”.
También cuestionó duramente a los fiscales y a las peritos contables, a quienes acusó de armar una causa “con firmas falsas y testigos presionados”. Soiza incluso deslizó un comentario polémico: “Acá no hay rubios de ojos celestes, somos todos negros e indios”.
Afectado en su salud, recordó que estuvo internado en terapia intensiva durante la pandemia y denunció que perdió dos años de su vida preso “injustamente”. Para cerrar, lanzó contra la fiscalía: “Responde al poder político. Me robaron años de vida, estuve preso sin motivo”.
Néstor Pablo Sánz: “No soy el único responsable”
El exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz, negó ser jefe de una asociación ilícita, dijo que era solo “un colaborador” y sostuvo que en la causa hay ausencias llamativas: “Esto es como el Titanic, nadie se quiere hundir”.
Sánz, señalado como uno de los cabecillas de la supuesta asociación ilícita, aseguró ante el tribunal que su lugar en el banquillo es injusto. “Acá faltan 30 o 40 personas que deberían estar imputadas y no están. No entiendo por qué me ponen como jefe”, disparó.
Con un tono desafiante, marcó que no tenía jerarquías ni poder de decisión dentro de Planes Sociales: “Yo era un empleado, un colaborador. Si me consideran jefe, no voy a andar depositando cheques en mi cuenta o sacando plata del cajero”.
Sánz también habló de la presión que recibía de sus superiores, aunque evitó dar nombres concretos. Y describió el impacto personal de la causa: “Esto nos arruinó la vida a todos. No puedo ver a mis hijos, vivo en la casa que me prestan mis padres. No tengo casa ni terreno”.
Al referirse a Soiza, dijo que la relación fue buena hasta que surgieron diferencias, y aseguró que en los momentos en que su jefe estuvo internado “las directivas las daba su hijo”. Sobre el abogado Alfredo Cury, sostuvo que nunca trabajó con ellos pero reconoció que le dio consejos hasta el mismo día en que fue detenido.
“Quiero ser juzgado con justicia y objetividad. Me hago responsable de lo que me toca, pero no soy el único responsable”, concluyó.
Tomás Siegenthaler: “No sé qué hago acá”
El contador y excoordinador provincial de Administración, Tomás Siegenthaler, dijo que solo era responsable de un servicio administrativo y que nunca pudo advertir las irregularidades.
Contador y exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social, aseguró en su declaración que no comprende por qué fue imputado como jefe de la asociación ilícita. “No puedo comprender mi situación acá adentro. Entiendo que es por ser responsable de un servicio administrativo que manejaba mucho volumen de información, pero era imposible visualizar todo lo que ocurría”, afirmó.
Explicó que los cambios en la estructura orgánica de 2020 trasladaron la dependencia de la Unidad de Gestión de Planes Sociales directamente al ministerio, y que su área ya no tenía control sobre los movimientos.
Recalcó que todos los informes del auditor de la Contaduría General eran favorables y nunca detectaron irregularidades. “Para mí no había nada que sospechar, porque los controles externos eran positivos”, señaló.
Siegenthaler insistió en que su rol fue estrictamente administrativo y que jamás se enriqueció ni participó del manejo de cheques. Su declaración fue breve, pero buscó despegarse de cualquier responsabilidad penal.
Laura Reznik: “No me enriquecí, no cobré un solo cheque"
La contadora y exdirectora de Finanzas, Laura Reznik, negó haber tenido participación en la maniobra, aseguró que nunca cobró un cheque y que los informes de la Contaduría avalaban su gestión.
Reznik, una de las imputadas más jóvenes en el juicio, utilizó su derecho a declarar para dejar en claro que su rol en el ministerio fue estrictamente administrativo. “No sé qué hago acá, solo hice mi trabajo. No me enriquecí, no cobré un solo cheque”, dijo frente a los jueces.
Explicó que tenía a cargo tres direcciones y que el área de planes sociales era solo una parte de sus tareas. Según relató, recibía certificaciones de otros funcionarios, pero nunca tuvo obligación de verificar si eran o no empleados reales.
Apuntó además que la fiscalía utilizó un descargo que ella misma había presentado en 2023 para armar parte de la acusación: “Incluso usaron textuales de mi escrito”, se quejó.
La contadora resaltó que todos los informes del auditor de la Contaduría General de la Provincia eran favorables y que no había indicios de irregularidades. “Nunca tuve ninguna sospecha. No había manera de detectar algo así sin un software especializado”, insistió.
Cerró con una frase que sintetizó su defensa: “Hice mi trabajo, no participé de ninguna asociación ilícita”.
