El caso de Alfredo Cury fue uno de los más llamativos del juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén. Abogado de profesión y defensor de uno de los principales acusados, Ricardo Soiza, quien en el período investigado se desempeñaba como Director de Planes Sociales, terminó condenado como partícipe necesario de la maniobra de administración fraudulenta agravada contra la administración pública.
Según el Tribunal, Cury reconoció haber cobrado diez cheques en concepto de honorarios, tres de ellos a nombre de otra persona. Los jueces remarcaron que los documentos tenían impresa la leyenda “asignación a la desocupación”, lo que descartaba cualquier posibilidad de desconocimiento.
El fallo también recordó que ingresó a la administración pública en 2019. Además, fue vinculado a un episodio en el que, junto con Marcos Osuna, retiró celulares de imputados antes de un allanamiento, con el fin de borrar evidencia.
El Tribunal concluyó que su participación fue “necesaria” para que la maniobra prosperara. Así, Cury pasó del rol de abogado defensor al de condenado en uno de los juicios más resonantes de los últimos años en Neuquén.
"Una sentencia construida sin pruebas concretas”
Luego del veredicto en la causa por la millonaria estafa con planes sociales, Cury salió a cuestionar el fallo y cargó contra el desempeño del Ministerio Público Fiscal. El letrado fue acusado de haber cobrado siete cheques correspondientes a beneficiarios del programa, en concepto de honorarios. Él mismo reconoció haberlos percibido, pero sostuvo que devolvió el dinero al advertir “una maniobra extraña”.
“Desde un inicio dije que esos cheques los había cobrado yo, pero la fiscalía lo negó y ahora el tribunal plantea que yo tendría que haber sabido que eran fondos de planes sociales porque lo conocía Ricardo Soiza. Ese no es un argumento jurídico válido”, expresó.
Para Cury, la resolución judicial “deja un sabor semiamargo”, aunque se mostró confiado en revertir la situación. “Vamos a impugnar. Estoy muy tranquilo”, adelantó.
El abogado insistió en que la acusación nunca logró sostener sus planteos: “La fiscalía no acreditó nada de lo que dijo. Si no acreditó, puede ser porque los hechos no existieron o por deficiencia en el trabajo. El propio tribunal cuestionó esa deficiencia”.
Además, interpretó que el proceso tuvo un sesgo político: “Durante tres años instalaron que se trataba de una asociación ilícita con más de 9.000 hechos, y ahora quedó claro que eso no fue así. Si la fiscalía no hizo bien su trabajo, ¿quién es el responsable de que no se conozca la verdad? Nadie se hace cargo”.
“La verdad va a salir a la luz, porque esta sentencia está construida sobre una base débil y sin pruebas concretas”, aseguró.
