El ciclo lectivo 2026 en Río Negro comienza este lunes 2 de marzo con un escenario atravesado por el conflicto gremial. La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) resolvió un paro de 48 horas en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno provincial, considerada insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo. La medida incluye una movilización en Cipolletti el primer día y acciones locales el segundo, además de la convocatoria a un Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.
Desde el gremio docente se enfatizó que “sin respuestas a las demandas, no hay inicio posible” y se responsabilizó al Ejecutivo provincial por la falta de acuerdo en la paritaria. El reclamo central es la convocatoria urgente a una nueva negociación con una propuesta que contemple la inflación y las necesidades reales de la docencia rionegrina.
En paralelo, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) también lanzó medidas de fuerza en toda la provincia, con retención de servicios y paro total de actividades. La decisión fue tomada fue tomada por el gremio, por unanimidad, en Asamblea General y se fundamentó en el rechazo al ajuste, a las sumas en negro y al “autoritarismo” en la política salarial. Asimismo, se convocó a concentraciones en distintos puntos de Río Negro bajo la consigna “Con nuestros sueldos, no”.
De esta manera, el inicio de clases se da en un contexto de tensión creciente entre los gremios y el Gobierno provincial. En los últimos días, Educación informó que el 98% de las escuelas están en condiciones de iniciar el ciclo escolar, tras un plan de mantenimiento y obras en más de 700 establecimientos. Sin embargo, la falta de acuerdo salarial condicionó el regreso de más de 215.000 estudiantes a las aulas.
La protesta docente y las medidas de UPCN, genera un escenario de conflictividad que atraviesa tanto el sistema educativo como la administración pública provincial. Mientras el Gobierno destaca las obras y servicios garantizados para el inicio del ciclo lectivo, los gremios insisten en que la prioridad debe ser la recomposición salarial y la defensa de los derechos de los trabajadores.
