La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su “profunda preocupación” frente a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar el procedimiento de audiencia pública en el nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados. Según remarcaron, la medida restringe las posibilidades de participación efectiva y debilita el debate público.
En lugar de la audiencia pública -tradicionalmente prevista para definir precios, subsidios y condiciones de acceso a servicios esenciales- se implementó un mecanismo de consulta escrita, mediante un formulario digital y el envío de aportes a una casilla institucional, vigente hasta el 19 de diciembre de 2025. Para los Defensores, este cambio no garantiza un intercambio real ni la confrontación de posiciones, y reduce la transparencia en decisiones de alto impacto social.
Desde ADPRA se subrayó que la audiencia pública es un mecanismo participativo oral, público y transparente, que permite interacción directa entre autoridades, usuarios, asociaciones de consumidores, provincias, empresas prestadoras y organismos de control. La consulta escrita, en cambio, limita la recepción de opiniones individuales y fragmentadas, sin asegurar control ciudadano en tiempo real.
Asimismo, remarcaron que la diferencia no es meramente formal: en materias sensibles como la política tarifaria y el régimen de subsidios, la calidad del procedimiento participativo adquiere relevancia sustantiva. “Cuanto mayor es el impacto económico y social de una decisión, mayor debe ser el grado de apertura y transparencia”, señalaron.
El documento conjunto recordó que el régimen de audiencia pública se vincula directamente con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que impone a las autoridades garantizar información adecuada y veraz y marcos regulatorios con participación real y eficaz. También citaron compromisos internacionales incorporados con jerarquía constitucional y la normativa sectorial específica que prevé audiencias en energía eléctrica y gas natural.
Finalmente, los Defensores del Pueblo exhortaron al Gobierno nacional a restablecer el procedimiento de audiencia pública previa, garantizando una instancia participativa real, abierta y transparente. “Persistir en la sustitución por mecanismos formales de consulta escrita no sólo debilita la legitimidad del proceso decisorio, sino que expone al Estado a cuestionamientos institucionales y jurídicos evitables”, concluyeron.
