En medio de una fuerte pelea política en Ingeniero Jacobacci, el Superior Tribunal de Justicia le bajó el pulgar al intendente que había salido a pedir ayuda judicial contra el Concejo Deliberante. El máximo tribunal rechazó su presentación y dejó en claro que no va a meterse en una disputa política que, además, ni siquiera tiene efectos legales todavía.
El jefe comunal había acudido a la Justicia para que se declarara la nulidad o la inconstitucionalidad de varias ordenanzas aprobadas por los concejales. Según su planteo, esas normas chocaban con la Carta Orgánica municipal y se metían en atribuciones propias del Ejecutivo.
Pero el conflicto tiene un detalle clave: las ordenanzas nunca entraron en vigencia. ¿El motivo? No fueron publicadas en el Boletín Oficial, un paso indispensable para que una norma municipal empiece a regir. En el expediente también intervino el procurador general, quien ya había anticipado que el planteo debía ser rechazado. Su argumento fue claro: no existía un caso concreto para que la Justicia interviniera.
Los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro coincidieron con ese análisis y remarcaron que las normas cuestionadas todavía no tienen validez porque no fueron publicadas.
Pero además dejaron un mensaje directo para la política local. Según explicaron, una vez que el Concejo sanciona una ordenanza, es el intendente quien tiene la obligación de publicarla. “Admitir que el Poder Ejecutivo pueda decidir discrecionalmente no publicar implicaría desconocer el carácter obligatorio y vaciar de eficacia la insistencia del Concejo”, dice el fallo. Y si no lo hace, existe otra salida: el presidente del Concejo puede hacerlo.
Para el tribunal, en este caso ocurrió algo llamativo: ninguna de las dos autoridades cumplió con su parte. Ni el intendente publicó las normas ni el titular del Concejo avanzó para hacerlo por su cuenta. Es decir, aquí hubo por parte del intendente y del presidente del Concejo “una renuncia deliberada al cumplimiento de las competencias asignadas”, dijeron los jueces.
Por eso, el STJ fue tajante: no corresponde que los jueces se pronuncien sobre normas que ni siquiera están vigentes. Pero el fallo fue más allá y lanzó una advertencia. Los magistrados remarcaron que llevar el conflicto a la Justicia antes de tiempo es una forma de intentar que los jueces se conviertan en árbitros de disputas políticas.
