Ingresó a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que propone una reparación histórica para personas travestis y trans, mayores de 50 años, con el objetivo de reconocer las violencias sufridas y garantizar derechos mediante políticas concretas de inclusión social, laboral y sanitaria.
La iniciativa busca establecer un acuerdo legal que contemple un beneficio económico mensual, además de medidas de acceso a salud, educación y empleo formal. El proyecto se fundamenta en tratados internacionales de derechos humanos y en la necesidad de saldar una deuda histórica del Estado con estas comunidades.
El texto legislativo plantea que las personas travestis y trans han atravesado décadas de exclusión sistemática, persecución policial y violencia institucional, lo que derivó en graves consecuencias sociales y económicas. La reparación histórica se concibe como un mecanismo de justicia social y de reconocimiento simbólico, similar a experiencias ya implementadas en otras provincias como Buenos Aires y Santa Fe, y en países como Uruguay.
Alcance del beneficio
El proyecto prevé un beneficio económico para personas que hayan sufrido violencia institucional, además de programas de inclusión laboral con cupo específico en la administración pública y estímulos para el sector privado. También contempla medidas de acompañamiento en salud integral y acceso prioritario a la educación.
Para acceder a esta Asignación de Reparación Histórica, los solicitantes deberán haber realizado su cambio registral en el DNI y acreditar una residencia efectiva en la provincia mayor a los tres años previos a la solicitud.
Si bien el beneficio es incompatible con actividades laborales registrables o pensiones contributivas, sí permite la compatibilidad con el Régimen de Monotributo Social. De aprobarse, la ley colocaría a Río Negro en la vanguardia de políticas inclusivas en Argentina, reforzando la agenda de derechos humanos y ampliando el marco de protección ya establecido por la Ley de Identidad de Género y el cupo laboral travesti-trans a nivel nacional.
El proyecto implica un compromiso presupuestario sostenido y requiere consensos políticos para su implementación. Sin embargo, sus impulsores remarcan que se trata de una medida de reparación indispensable para garantizar igualdad real de oportunidades y dignidad.
