Este martes 21 de abril, el diputado provincial Gerardo Gutiérrez impulsó el proyecto de ley número 18.275 para reforzar la seguridad vial en Neuquén desde el momento mismo de la compra de motocicletas y ciclomotores. La iniciativa, que también contó con el aval de otros legisladores de distintos espacios, establece como requisito obligatorio para retirar el vehículo que los compradores cuenten con un casco homologado y una licencia de conducir vigente.
Según el texto, que ingresó a la Legislatura de la provincia de Neuquén por Mesa de Entradas, las concesionarias, las agencias y los comercios del rubro no podrán concretar la entrega de las unidades si el cliente no cumple con ambas condiciones. Además, deberán dejar constancia de esta verificación en la factura de venta, con el objetivo de garantizar la trazabilidad del cumplimiento de la normativa.
Qué sanciones tendrían los comercios que vendan motos sin exigir casco homologado y licencia vigente
El proyecto también contempla sanciones para los establecimientos que incumplan la medida. Las multas previstas van de 300 a 1000 Unidades Fijas (UF), y se prevé la posibilidad de clausura temporaria en caso de reincidencia. A su vez, se faculta a la autoridad de aplicación a realizar controles, fijar requisitos técnicos para los cascos y desarrollar campañas de concientización.
Cuáles son los fundamentos empíricos para exigir el casco homologado y la licencia vigente en una entrega de moto o ciclomotor
En los fundamentos, Gutiérrez advierte sobre el incremento de los siniestros viales protagonizados por motociclistas, especialmente durante el primer trimestre de 2026. En esos tres meses, se registraron 924 accidentes en la provincia de Neuquén, un dato que refuerza la preocupación por la seguridad en este tipo de vehículos. El legislador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) remarca que el uso del casco reduce en un 42 por ciento el riesgo de muerte en caso de accidente, por lo que considera clave implementar medidas preventivas desde el inicio de la circulación.
Por lo fundamentos expuestos, la propuesta de Gutiérrez se articula con la legislación vigente y apunta a fortalecer el enfoque preventivo mediante controles en las agencias o lugares de comercialización de los vehículos. “El objetivo es garantizar condiciones mínimas de seguridad desde el punto de venta, como una decisión de política pública orientada a preservar la vida y promover una movilidad más segura y responsable”, sostiene el texto del proyecto de ley.
