Clínicas y sanatorios que brindan servicios al PAMI en la Patagonia alertaron sobre la posible afectación de la atención médica a personas afiliadas, en el contexto de una situación económico-financiera que calificaron como “sumamente crítica” y que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones en la región a partir del 10 de febrero.
El planteo fue elevado a las autoridades centrales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por prestadores de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, quienes expresaron su “incertidumbre respecto de la viabilidad para la continuidad de los servicios médicos” y solicitaron una respuesta urgente.
Entre los principales puntos, las instituciones señalaron el atraso en los pagos por parte de la obra social. Desde noviembre, PAMI mantiene una demora de un mes en el pago de las prestaciones ambulatorias. “Si en el transcurso de tres meses solo se abonaron dos, y sin expectativas de que esta situación se resuelva en el corto plazo, el impacto financiero es muy difícil de paliar”, advirtieron.
La situación se agravó en enero ante el incumplimiento en el pago de las prestaciones de internación. En unas 30 clínicas y sanatorios de la región, los ingresos provenientes de la atención a afiliados representan en promedio el 40% de la recaudación mensual, con establecimientos que superan ese porcentaje. “Cualquier atraso en un ingreso de semejante magnitud es imposible de administrar financieramente”, remarcaron.
Según la presentación, esta situación generó serias dificultades para afrontar el pago de salarios del personal de salud. Por ello, las instituciones advirtieron que “no estamos en condiciones de garantizar la continuidad de los servicios si esta situación no se resuelve en forma inmediata”.
Los prestadores informaron que, con el objetivo de “resguardar la atención de urgencias y emergencias”, se verán “en la necesidad de limitar las prestaciones ambulatorias y programadas” a partir del 10 de febrero, si no se registran avances en la resolución del conflicto.
La afectación de los servicios se instrumentará de forma progresiva, comenzando por las prestaciones ambulatorias y programadas. “Estas acciones no constituyen medidas de fuerza, ni responden a una voluntad deliberada de los prestadores, sino que son la consecuencia inevitable de la situación descripta”, aclararon.
A los atrasos en los pagos se suma la pérdida de valor de los aranceles. Durante 2025, los precios de las prestaciones “se desvalorizaron en el equivalente a la mitad de la inflación del año”, lo que provoca que muchas prácticas no puedan brindarse, ya que los costos de insumos, medicamentos y materiales no logran ser absorbidos por los valores que abona la obra social.
Las instituciones adelantaron que, de persistir la falta de respuesta, “la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable, con el consiguiente perjuicio para los pacientes, los prestadores y el propio Instituto”.
Finalmente, remarcaron que mantienen diálogo con las autoridades del PAMI y manifestaron su disposición a continuar trabajando para sostener las prestaciones. “Confiamos en la gestión de las autoridades centrales del Instituto y estamos a disposición para lo que sea pertinente”, expresaron, aunque advirtieron que el escenario actual “ya no resulta posible de sostener si no se resuelven las cuestiones de fondo planteadas”.
