El corte de la Ruta Nacional 40 en Junín de los Andes, a la altura del puente Curruhué, no solo interrumpió la circulación en uno de los corredores más importantes de la Patagonia: también expuso un conflicto estructural que el Municipio arrastra desde hace más de una década y que, según el propio informe oficial, fue desvirtuando el sentido original de un programa social hasta volverlo fiscal y socialmente insostenible.
La intervención de fuerzas federales se dio en ese contexto. El Gobierno municipal fue explícito al aclarar que no tuvo participación en el operativo y que el accionar correspondió exclusivamente a fuerzas nacionales, en el marco de sus competencias sobre rutas nacionales ante una interrupción total del tránsito.
Una ruta nacional, un protocolo vigente y un límite claro
Desde el Ejecutivo local señalaron que la Ruta 40 es jurisdicción nacional y que, ante un corte que coarta la libre circulación, se activa un protocolo que no depende del Municipio. El intendente Luis Madueño lo explicó con crudeza tras lo ocurrido:
“La Ruta 40 es nacional, y todos los vecinos saben que hay un protocolo antipiquetes activo”, advirtió el intendente, Luis Madueño, en diálogo con AM550.
La preocupación, según relató, fue evitar que la situación derivara en un escenario de mayor desorden. “Se estaba transformando todo en un caos”, sostuvo, al tiempo que destacó que no hubo personas heridas durante el operativo y valoró el trabajo de Gendarmería y de las fuerzas nacionales y provinciales que intervinieron.
Un reclamo que no representó a la mayoría
Uno de los puntos centrales que surgen tanto del informe municipal como de las declaraciones del intendente es que el corte no fue acompañado por la mayoría de los beneficiarios del programa. Según los registros oficiales, el 80% aceptó la propuesta de actualización del monto mediante el IPC provincial y continuar con la contraprestación.
“El 20% no acató lo que propusimos y estaban cortando”, afirmó Madueño, y agregó un dato que tensiona aún más el conflicto:
“Mirando las imágenes detectamos que hay muchas personas no enmarcadas en la ordenanza, que no tienen nada que ver con la Municipalidad”, confirmó preocupado el mandatario municipal.
La diferencia no es menor. Mientras la mayoría siguió trabajando en tareas comunitarias —barrido, limpieza y mantenimiento de espacios públicos—, un grupo reducido optó por una medida extrema que terminó afectando a vecinos, turistas y transportistas.
Un programa que nació como temporal y se volvió crónico
El informe oficial reconstruye el recorrido del Programa Municipal de Contención Social y Entrenamiento Laboral desde su creación. En 2013, la ordenanza 2266 lo pensó como una herramienta transitoria de capacitación, con 217 beneficiarios. Cinco años después, el cupo se amplió a 465. Para 2023, el número había trepado a 850 personas, superando incluso lo permitido por la normativa vigente.
“Un programa de entrenamiento laboral que se extiende por más de una década pierde por completo su sentido original”, señala el documento.
Lo que debía ser un puente hacia el empleo formal se convirtió, con el paso del tiempo, en un sistema de asistencia permanente, precario e insuficiente para cumplir su objetivo.
Madueño fue directo al describir el escenario que encontró al asumir: “Cuando yo ingreso al municipio había 850 personas enmarcadas en esta ordenanza. Se usaba con fines políticos”.
Control, recorte y números que no cierran
A partir de 2024, la actual gestión detectó que más de 400 personas cobraban el beneficio sin cumplir con la contraprestación. Tras controles y auditorías, el padrón se redujo a 357 beneficiarios activos, con un monto unificado de $262.159 para todos, eliminando discrecionalidades previas.
El costo fiscal es uno de los datos más contundentes del informe: el programa representa más de 101 millones de pesos mensuales para el Municipio, es decir, más de 1.200 millones al año. El pedido de aumento rechazado implicaba sumar otros 60 millones mensuales.
“Para la municipalidad de Junín son 101 millones de pesos que salen del municipio. Lo que pedían implicaba 60 millones más y no los tenemos”, remarcó el intendente.
Expectativas falsas y límites legales
El documento también pone el foco en una promesa que nunca estuvo respaldada por la normativa: el pase a planta permanente. Según el informe, esa posibilidad no está contemplada ni en las ordenanzas que dieron origen al programa ni en el Convenio Colectivo de Trabajo, y contradice la Carta Orgánica Municipal, que exige concursos públicos para el ingreso a planta.
Durante años, esa expectativa fue utilizada con fines políticos, generando una dependencia que hoy estalla en conflicto.
Temporada turística y rechazo social al corte
El bloqueo de la Ruta 40 se produjo en plena temporada alta, cuando Junín de los Andes recibe a miles de visitantes, igual que muchas otras localidades del sur patagónico. Sumado a esto, los graves incendios que se desarrollan en Chubut, complican aun más el uso de las vías regionales. El impacto fue inmediato y el rechazo social, transversal. El corte no solo no resolvió el conflicto, sino que profundizó el malestar y expuso a la ciudad a una imagen negativa.
“Hubo muchas personas afectadas con esta mala decisión”, señaló Madueño, al referirse a quienes nada tenían que ver con el reclamo y quedaron varados o perjudicados.
Lo que viene: revisión y advertencia
El Municipio anticipó que evaluará la situación de quienes participaron del corte y no cumplieron con la contraprestación. “Tendré que tomar medidas”, advirtió el intendente, al tiempo que reafirmó que seguirá escuchando a la mayoría que aceptó la propuesta y continúa trabajando.
El mensaje final que deja el informe y el propio Ejecutivo es claro: ordenar un sistema desbordado desde hace más de diez años no es una opción, es una necesidad. Y hacerlo no puede implicar tolerar cortes de rutas nacionales, violencia o decisiones que perjudiquen a toda una comunidad.
