Durante 2025, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Neuquén, liderado por Matías Nicolini, avanzó en la transformación del sistema de seguridad, articulando políticas con fuerte presencia territorial, prevención comunitaria y modernización institucional. El balance de gestión resaltó una mirada integral, con resultados concretos en diversas áreas sensibles.
Uno de los pilares fue la implementación de la Ley Provincial N.º 3515, que habilita la creación del Consejo Provincial y Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana. Esta normativa promueve la participación social, articulando a los municipios, instituciones y ciudadanía en el diseño de políticas públicas más eficaces y cercanas al territorio.
El plan de prevención comunitaria se desplegó con más de 200 actividades en barrios, escuelas y clubes, alcanzando a 40.000 personas con talleres sobre violencias, ciberdelitos y convivencia ciudadana. Además, se fortaleció el rol de 200 Agentes de Prevención Comunitaria en puntos estratégicos como Neuquén capital, Plottier y Junín de los Andes.
En la lucha contra el narcomenudeo, se realizaron más de 130 procedimientos con secuestro de drogas, armas y dinero. A partir de la desfederalización del microtráfico, la provincia obtuvo autonomía operativa, logrando 69 condenas y la demolición de puntos de venta. También se sumó la campaña “Denuncia QR”, que garantiza denuncias anónimas en todo el territorio.
La inversión en tecnología y equipamiento fue clave: se incorporaron 315 móviles policiales, armamento, chalecos, equipos tácticos y herramientas digitales. En paralelo, se invirtieron 3.773 millones de pesos en videovigilancia con 1.840 cámaras nuevas, centros de monitoreo y sistemas inteligentes.
Respecto al sistema penitenciario, se amplió la capacidad con 678 nuevas plazas en cárceles, sumando más de 31.000 m²de infraestructura. Se inauguró un Pabellón de Máxima Seguridad en la U11 y se ampliarán unidades en Cutral Co y Zapala. También se ejecutarán 45 obras de seguridad en toda la provincia, entre comisarías y nodos de emergencia.
La profesionalización policial fue otro eje central: más de 8.000 efectivos participaron en capacitaciones sobre derechos humanos, violencia de género y ciberdelitos. Además, se renovó la Ley Orgánica de la Policía, incorporando perspectiva de género, transparencia institucional y bienestar del personal, con 50 oficinas de intervención primaria activas y más de 1.100 personas protegidas por dispositivos de monitoreo.
