Entre los capítulos para comprender la barbarie que se vivió con la violencia en Avellaneda el miércoles por la noche con la excusa deportiva de una eliminatoria de Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile está el de la Policía de la provincia de Buenos Aires que, según todos los informes oficiales, custodiaba el operativo con 650 efectivos al momento de los hechos.
El tema es que desde el 2023 se desató una interna profunda entre el club argentino y la fuerza de seguridad debido a una represión a sus propios hinchas en este mismo escenario, cuando al cierre de la última fecha por la Liga Profesional, tras una derrota como local ante Boca, se sucedieron corridas y disparos de balas de gomas por las calles del sur del Gran Buenos Aires.
Como consecuencia de ello, el Rojo emitió un comunicado oficial en el que manifestó expresamente que “se ha tomado la decisión de que la seguridad dentro del estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, quede a cargo de la seguridad privada contratada por la institución para estos efectos”.
De esta manera, hace dos años que la Policía quedó como responsable de todo lo sucedido a las afueras del estadio, aunque el ingreso de facas, botellas de vidrios, entre otros elementos de sumo peligro, le cabe con dureza al deficiente cacheo previo de los uniformados.
La responsabilidad de Independiente ante los hechos es aún mayor ya que la seguridad privada brilló por su ausencia, no efectuó el cordón perimetral correspondiente y desoyó la advertencia policial del entretiempo, que daba cuenta de la necesidad de suspender el partido para evitar una escalada de violencia.
También en los informes posteriores y previos al partido, quedó constancia de la supuesta contratación de 150 personas para tal función, algo que no se terminó cumpliendo o por incapacidad o por premeditación. Allí uno de los grandes puntos del día después.
Platea improvisada
Como en el fútbol argentino no se permite el ingreso de público visitante, Independiente había improvisado la platea en la cabecera Sur alta desde hace un tiempo. La colocación de butacas de plástico era motivo suficiente para incrementar el costo del ingreso y así provocar una mayor recaudación.
Allí fueron ubicados los simpatizantes chilenos, sin ningún cordón de seguridad preventivo, ni alambrado ni pulmón de separación.
A los objetos que se arrojaron con violencia desde la cabecera superior a la inferior, también se sumó una bomba de estruendo a los pasillos de una de las “Gargantas del Diablo” (los codos del estadio), donde suelen asistir socios y familiares de jugadores.
Las señales de alarma previas a las imágenes que recorrieron el mundo fueron muchas, hasta que se liberó el ingreso a la Barra Brava local que dio la vuelta a todo el estadio antes de hacer justicia por mano propio ante la mirada de la Policía que custodiaba desde el portón de ingreso hacia afuera.
