De la cárcel a su casa: la polémica decisión judicial
En una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, la jueza de garantías Laura Barbé resolvió otorgar prisión domiciliaria a C.I.V., una mujer acusada de participar en el intento de homicidio con ensañamiento de un hombre en San Martín de los Andes.
La medida, que reemplaza la prisión preventiva que cumplía en una unidad carcelaria, fue adoptada tras un pedido de la defensa, que presentó un domicilio para que la imputada continúe el proceso desde una vivienda. Además, se dispuso el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de contacto con la víctima y su familia.
Desde el Ministerio Público Fiscal, la asistente letrada Elizabeth Pellicer se opuso al cambio y advirtió que “no se modificaron los peligros procesales”. Sin embargo, el tribunal avaló el pedido y la mujer dejará de estar tras las rejas.
Un ataque planificado y brutal
El caso que hoy vuelve a generar indignación ocurrió el 20 de agosto de 2024, cuando la víctima fue secuestrada, golpeada y torturada durante horas en una casa del barrio Gobernadores Neuquinos.
De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal jefe Gastón Ávila, la víctima fue atada, apuñalada, rociada con alcohol y golpeada con brutalidad por cuatro personas —tres hombres y una mujer—, mientras le aseguraban que lo iban a matar y descuartizar. En el ataque también participó un adolescente no punible.
El hombre logró escapar saltando desde una ventana, con heridas y fracturas, luego de ser sometido a una serie de agresiones que el propio fiscal calificó como “un calvario”. Los agresores huyeron del lugar en un vehículo con la inscripción “La Mafilia”, y fueron detenidos poco después.
Intento de homicidio, fuga y ahora beneficios
Los acusados —M.Z., S.A.C., J.A.L. y C.I.V.— fueron imputados por homicidio calificado por ensañamiento y privación ilegítima de la libertad calificada, ambos agravados por la participación de un menor de edad.
Tras el ataque, todos habían quedado detenidos por pedido del Ministerio Público Fiscal, que consideró que existía riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, con el paso de los meses, las medidas se fueron flexibilizando y tres de los imputados ya cumplen prisión domiciliaria.
Ahora, la decisión de otorgarle el mismo beneficio a la única mujer involucrada en el caso encendió la polémica. Para la fiscalía, la víctima —que además es testigo clave en una causa por microtráfico— sigue en riesgo y debe contar con protección estricta.
Bronca e incredulidad por una decisión que divide
El caso no solo expone un hecho de violencia extrema, sino también el debate sobre el funcionamiento del sistema judicial y los criterios para otorgar beneficios a personas acusadas de delitos graves.
La víctima continúa bajo resguardo mientras avanza la investigación, y la comunidad de San Martín de los Andes observa con asombro cómo una mujer acusada de un intento de homicidio con torturas deja la cárcel para cumplir su pena en una casa.
El proceso sigue en curso, pero la sensación de bronca e injusticia quedó instalada. Otra vez, la pregunta vuelve a repetirse: ¿cuántas oportunidades más tendrán los violentos antes de que se haga justicia de verdad?
