El Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó las duras condenas contra los policías responsables de torturar y asesinar a Jorge Gatica en la Comisaría 45° del barrio Anai Mapu. Tras el rechazo de los recursos extraordinarios, la sargento 1° Andrea Henríquez, el cabo 1° Walter Denis Carrizo, el cabo 1° Jorge Sosa y el sargento Vilmar Alcides Quintrel deberán comenzar a cumplir las penas impuestas: tres de ellos con prisión perpetua y una cuarta con prisión domiciliaria. Los policías le pusieron las esposas y luego le quebraron las costillas y hasta le perforaron el higado.
La historia comenzó el 9 de enero de 2023, cuando Gatica fue detenido por el robo de carne y chorizos en una despensa. Lo que debía ser un procedimiento rutinario terminó en abusos, vejámenes y torturas que le provocaron la muerte: el joven fue brutalmente golpeado dentro de la comisaría y intentaron revivirlo pero llegó sin signos vitales al hospital de Cipolletti. La autopsia reveló un dato estremecedor: casi 190 lesiones en todo el cuerpo, con costillas quebradas que perforaron su hígado y le provocaron una hemorragia fatal.
En mayo del año pasado, un jurado popular declaró culpables a los cuatro policías acusados. La audiencia de cesura fue contundente: Walter Carrizo, Jorge Luciano Sosa y Vilmar Quintrel recibieron prisión perpetua por tortura seguida de muerte. Andrea Henríquez, en cambio, fue condenada a cuatro años y seis meses por no haber evitado el ataque, pese a su rol jerárquico. La justicia le otorgó prisión domiciliaria por tener hijos pequeños, pero la inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos.
Las defensas intentaron todo: recursos ordinarios, extraordinarios, cuestionamientos a las pruebas, acusaciones de irregularidades y hasta críticas al juez del debate. Sin embargo, los jueces Adrián Zimmermann, Carlos Mussi y María Rita Custet Llambí fueron claros: los planteos eran inconsistentes, repetitivos y hasta defectuosos en su forma. Conectores como "arbitraria valoración de la prueba" o "prueba inválida" no alcanzaron para torcer el rumbo de un fallo que ya estaba firme.
El contraste lo aporta el caso del oficial Gastón Moraga, jefe de la comisaría aquella noche. Reconoció que no evitó el ataque y aceptó un juicio abreviado: tres años de prisión condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales. Una salida más leve, pero igualmente marcada por la sombra de la violencia institucional.
Ahora, con las defensas agotadas en esta instancia, los condenados deberán empezar a cumplir sus sentencias. La posibilidad de recurrir al Superior Tribunal de Justicia y eventualmente a la Corte Suprema existe, pero no suspende la ejecución de las penas.
