El Ministerio Público Fiscal (MPF) avanza en la investigación por una presunta estafa que involucra a funcionarios municipales y comerciantes en Andacollo. En las últimas horas, se realizaron tres nuevos allanamientos que se suman a los cinco efectuados el viernes pasado, todos vinculados a una maniobra que habría perjudicado al municipio por al menos 8 millones de pesos.
Los procedimientos se llevaron a cabo en una vivienda particular, un depósito y una chacra ubicada en el paraje Guañacos, con la colaboración de personal de la Policía de Neuquén. Según explicó el fiscal del caso, los operativos fueron dispuestos a partir de los testimonios que surgieron en los últimos días.
“A raíz de diversos testimonios que obtuvimos en el marco de la investigación, surgió que uno de los funcionarios bajo investigación, y responsable de un área, habría utilizado servicios y se habría apropiado de diversos insumos del municipio”, detalló el representante del MPF.
Bienes públicos en manos privadas
Durante los allanamientos, los resultados fueron calificados como positivos por los investigadores. En uno de los domicilios se secuestró una cocina industrial, una mesa y estructuras de hierro. En otro, se encontraron paquetes remitidos a nombre de la Municipalidad de Andacollo, envueltos en nylon negro, junto con rollos de cables, reflectores y materiales eléctricos. En el tercer procedimiento se incautaron más rollos de cables.
Estos elementos se suman a la documentación y dispositivos electrónicos que fueron secuestrados en los primeros operativos realizados la semana pasada.
Una denuncia que destapó el caso
La causa se originó tras una denuncia presentada por el intendente Manuel San Martín, quien detectó irregularidades en la gestión de obras públicas. La hipótesis central apunta a que dos funcionarios municipales, junto con comerciantes locales, habrían certificado horas de alquiler de maquinaria que nunca se utilizaron.
Los servicios figurarían como prestados a un corralón en el marco de obras públicas realizadas durante la actual administración. Sin embargo, la maquinaria nunca habría trabajado para el municipio, lo que derivó en el presunto perjuicio económico.
De acuerdo con la información oficial, los funcionarios involucrados fueron apartados de sus cargos y permanecen con licencia mientras avanza la investigación.
Próximos pasos judiciales
Con la nueva evidencia recolectada, el fiscal del caso evaluará si existen elementos suficientes para formular cargos contra las personas bajo investigación. Por el momento, hay cuatro implicados: dos funcionarios y dos comerciantes.
La investigación se encuentra bajo la figura penal de “estafa por administración infiel”, y busca determinar si hubo un uso indebido de fondos públicos, apropiación de bienes municipales y falsificación de documentación administrativa.
Mientras tanto, en Andacollo crece la preocupación entre los vecinos, que observan con atención cómo una investigación judicial empieza a exponer presuntas irregularidades dentro de la gestión pública local. El caso, que comenzó con una simple denuncia interna, podría derivar en un proceso judicial con repercusiones políticas y administrativas de largo alcance.
