La ex jueza Julieta Makintach seguirá su proceso penal en libertad, al menos por ahora. Es que la Justicia de San Isidro rechazó el pedido del abogado Fernando Burlando para detenerla y también desestimó las recusaciones que había presentado contra los fiscales que llevan adelante la investigación. Con esta decisión, la causa por supuestos delitos de corrupción retomará impulso.
En una resolución reciente, el tribunal entendió que no había motivos para apartar a los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo, a quienes la defensa de Makintach les atribuía falta de objetividad y supuestos manejos irregulares durante la recolección de pruebas. La Justicia no encontró respaldo para esos argumentos y confirmó que el equipo fiscal seguirá al frente de la causa.
La investigación apunta a un abanico de delitos que incluye cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, malversación de fondos y peculado de servicios. Con el rechazo de las recusaciones, los fiscales podrán avanzar hacia una eventual imputación formal e incluso convocar a la ex magistrada a indagatoria.
Solicitud rechazada
Burlando había solicitado su detención tras su destitución, alegando que Makintach habría intentado interferir en testimonios y entorpecer la pesquisa mediante conductas que, según planteó, ponían en riesgo el normal avance del expediente. Pero el tribunal tampoco hizo lugar a ese pedido.
En cambio, impuso una medida menos gravosa: Makintach tiene ahora prohibido comunicarse de cualquier forma con los testigos del caso, ya sea de manera directa, indirecta o a través de terceros. La restricción alcanza llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales e incluso referencias que pudieran llegar a ellos por vías no convencionales. Solo podrá contactarlos si el propio proceso judicial lo exige y con autorización expresa.
Mientras tanto, la investigación continúa su curso con la ex jueza bajo la lupa y el equipo fiscal confirmado en sus cargos.