Por unanimidad, un tribunal ratificó este jueves la prisión preventiva por ocho meses de Roberto Sánchez, imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko. Fue a partir del pedido del fiscal jefe Agustín García, quien junto a la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y a la asistente letrada Agustina Jarry, argumentaron la necesidad de mantener la medida cautelar para garantizar la investigación.
La audiencia se realizó ante un tribunal integrado por el juez Juan Guaita y las juezas Carolina García y Natalia Pelosso. El defensor particular pidió la audiencia para intentar que la detención se cumpla en modalidad domiciliaria o, en su defecto, reducir el plazo, pero ambos planteos fueron rechazados por unanimidad.
De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el imputado atacó y mató a Azul Semeñenko el 25 de septiembre en su domicilio. Según la acusación, el hecho fue cometido mediando violencia de género y motivado por el odio hacia la identidad de género de la víctima.
La investigación preliminar y las pericias científicas ya realizadas permitieron precisar que el acusado ocasionó múltiples heridas con elementos contundentes y arma blanca, provocando la muerte de la víctima por shock hipovolémico agudo. Posteriormente, R.D.S trasladó el cuerpo a un canal de desagüe, donde fue hallado el 14 de octubre.
El martes pasado, la fiscalía formuló cargos por el delito de homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, y por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor. En ese marco, el juez de garantías Juan Manuel Kees hizo lugar a la imputación y a la prisión preventiva por 8 meses, tal como lo solicitó la fiscalía.
Riesgos procesales y prisión preventiva
Durante la audiencia de hoy, el equipo fiscal indicó que persisten los riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, ya que el imputado ha destruido evidencia y se ha sustraído previamente de la acción policial y judicial. Por ello, la prisión preventiva resulta necesaria para garantizar la investigación y el avance del proceso judicial.
“La decisión del juez de garantías que dispuso la prisión preventiva por 8 meses no fue arbitraria. La defensa dice que fue arbitraria. Desde ya, me animo a anticipar que la decisión se encuentra suficientemente motivada y que lo que plantea la defensa es una mera disconformidad”, afirmó el fiscal jefe.
Además, describió uno a uno los puntos que tomó el juez entre los argumentos que planteó la fiscalía: señaló que “ocultó el cuerpo de la víctima, modificó y excluyó evidencia”, recordó que se trató de “un hecho de violencia extrema”, con “una víctima que intentó defenderse” y en “situación de vulnerabilidad”.
“Hay descarte del cuerpo en un desagüe en un lugar en dónde fuera difícil de hallar. Y a esto hay que sumar la pena en expectativa, que es de prisión perpetua”, describió García, en función de sumar argumentos respecto de las posibilidades de fuga incrementadas en el caso.
Tras escuchar a las partes, el tribunal confirmó la prisión preventiva en los términos que pidió la fiscalía y que fijó el juez Kees inicialmente.
Allanamiento y evidencias
El allanamiento realizado el 18 de octubre posibilitó la detención del imputado y el secuestro de evidencia. Se encontraron restos de sangre humana en distintas partes de la vivienda y la camioneta, una sábana y una funda de almohada, además de un cuchillo, un hacha y un machete.
También se tomaron los registros de distintas cámaras de seguridad de la ciudad, que permitieron reconstruir los movimientos del imputado y de la víctima desde el abordaje hasta el traslado del cuerpo.
Informe de autopsia
La fiscalía destacó la importancia del informe forense, que concluyó que las lesiones presentan características de “muerte violenta tipo overkill”: un patrón donde la severidad y cantidad de heridas exceden las necesarias para producir la muerte. Este patrón es frecuente en crímenes motivados por odio a la identidad de género o violencia de género, según estudios forenses citados en el informe.