La denuncia inicial presentada por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa había revelado la existencia de 11 operaciones traumatológicas pediátricas nunca realizadas, pero que igualmente fueron cobradas. Con el avance de la auditoría interna y el análisis de la Fiscalía de Delitos Económicos, la cifra escaló a 13 casos y se descubrió que no solo un traumatólogo infantil y un anestesista estaban detrás de la maniobra, sino que ahora se sumó otro profesional de la anestesia.
Según pudo saber Mejor Informado, la participación de este tercer médico fue detectada tras la revisión de las auditorías de prácticas traumatológicas y podría estar vinculado a operaciones “montadas” con documentación fraguada. Por ahora, los querellantes evitaron dar nombres, pero confirmaron que los tres profesionales ya fueron desvinculados como prestadores.
El perjuicio económico supera los 20 millones de pesos en detrimento de OSPEPRI, la obra social de Petroleros Privados. “Es un hecho muy grave, porque en ninguno de los casos hubo internaciones, ni estudios prequirúrgicos, ni controles posteriores. No existieron esas operaciones”, señaló el abogado querellante Marcelo Henrtzriken Velazco.
“Lo que detectamos fue que se usaron datos de afiliados que habían tenido consultas previas, para montar cirugías que jamás existieron. Ninguno de esos chicos tuvo internación, prequirúrgico ni controles posteriores”, explicó el abogado.
Allanamientos y secuestro de pruebas
La fiscal del caso, Valeria Panozzo, ordenó tres allanamientos simultáneos en una clínica privada de Neuquén y en los domicilios particulares del anestesista y del traumatólogo. Con autorización del juez de garantías Marco Lupica Cristo, se secuestraron historias clínicas, notebooks y celulares que ahora serán peritados por el área de Delitos Económicos de la Policía.
Uno de los casos que destapó la estafa fue el de una niña de tres años con una cardiopatía congénita, que según la documentación figuraba como operada de rodillas, tobillos y caderas en la misma jornada, sin anestesia ni internación. “Era imposible, y nunca ocurrió”, graficó el abogado querellante.
Los tres médicos enfrentan acusaciones por defraudación, delito que prevé de dos meses a seis años de prisión. Además, el sindicato adelantó que impulsará demandas civiles para la restitución del dinero, con intereses y daños y perjuicios.
La causa también podría derivar en sanciones éticas y profesionales: tanto el Colegio Médico como el Colegio de Anestesistas deberán analizar la conducta de los involucrados.
