Tras ocho semanas de audiencias, más de 70 testigos y un debate histórico, este martes a las 11 el Tribunal de Neuquén dará a conocer el veredicto en la causa por la presunta estafa con planes sociales. Son 14 los imputados, entre exfuncionarios y empleados de Desarrollo Social, acusados de integrar una asociación ilícita que habría defraudado al Estado por más de 1.100 millones de pesos.
El proceso judicial investiga una supuesta maniobra de desvío de fondos públicos entre septiembre de 2020 y julio de 2022, mediante la manipulación de planes y programas sociales. Según la fiscalía, se realizaron 9.303 operaciones fraudulentas, con un perjuicio original de 153 millones de pesos, que actualizado superaría los 1.100 millones de pesos.
El mecanismo habría consistido en la apertura irregular de cuentas, emisión de cheques a nombre de empleados y uso indebido de tarjetas de débito para extraer dinero que nunca llegaba a los verdaderos beneficiarios.
Son 14 las personas acusadas. Entre los principales señalados se encuentran: Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales; Abel Di Luca, ex ministro de Desarrollo Social; Tomás Siegenthaler, ex coordinador de Administración.
A ellos se suman otros exfuncionarios y empleados, como Néstor Pablo Sanz, ex director de Fiscalización; Marcos Osuna, ex jefe de Programas; y personal administrativo de Finanzas y Tesorería.
Los delitos imputados son asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial. Algunos reconocieron participación, mientras otros reclaman la absolución.
En caso de que haya condenas, habrá una etapa posterior de cesura en la que se fijarán penas. Se habla de un piso de 4 años de prisión efectiva, y en algunos casos podría ascender hasta 10 años.
Principales imputados con mayores responsabilidades
Soiza fue apuntado por la Fiscalía como jefe de la asociación ilícita y coordinador de las maniobras. La defensa sostuvo que no tenía poder de decisión, solo cumplía funciones administrativas. Es uno de los más comprometidos, la fiscalía pidió una condena alta.
Di Luca, el exministro de Desarrollo Social, ha sido acusado por la fiscalía como jefe de la asociación ilícita, con aval político a las maniobras. En tanto, su defensa negó participación y alegó persecución política.
Siegenthaler, en su carácter de coordinador de Administración, fue acusado por el manejo de fondos y transferencias sospechosas; pero alegó que sólo cumplía órdenes de superiores.
Otros imputados
Como partícipes, con distintos grados de implicación:
En tanto, Sanz fue parte del núcleo de coordinación, reconoció algunos hechos y pidió una calificación menor. Este reconocimiento juega a su favor pero igual podría recibir condena.
Osuna, como ex jefe de Programas, ayudó en la maniobra fraudulenta y en la designación irregular de beneficiarios. Admitió los hechos pero negó ser organizador.
Otros funcionarios y empleados (finanzas, tesorería, operadores de tarjetas) fueron acusados de la extracción y la administración irregular de fondos y plantearon desconocimiento o que actuaban bajo órdenes.
Luis Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo, ex directores, directoras de Finanzas y Tesorería, y otros funcionarios empleados con menor grado formal en la jerarquía acusada, fueron señalados como partícipes.
Cronología del caso
- 2020-2022: período en el que se habrían cometido las maniobras fraudulentas.
- Agosto de 2022: comienzan los allanamientos; se juntaron registros bancarios, análisis contables e informáticos, secuestran computadoras, chequeras y celulares. Se recopilaron declaraciones de posibles implicados y testigos.
- 21 de julio de 2025: inicio del juicio oral.
- 10 de septiembre de 2025: cierre de las audiencias tras 32 jornadas.
- 23 de septiembre de 2025: lectura del veredicto, con transmisión en vivo.
Los grupos "Rivadavia" y "Anaya"
En el juicio por la presunta estafa con planes sociales en Neuquén, la fiscalía ordenó la causa en dos bloques.
Por un lado, el denominado “grupo Rivadavia”, con base en la antigua Dirección de Planes Sociales de calle Rivadavia 44. Allí se ubican Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz, y Marcos Osuna. Junto a ellos aparecen Isabel Montoya, Valeria Honorio, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury. Según la acusación, las pruebas más contundentes recaen sobre Soiza, Sanz y Osuna. Estos dos últimos reconocieron parte de los hechos, aunque buscan una pena menor.
El segundo bloque es el “grupo Anaya”, conformado por exjerarcas del Ministerio de Desarrollo Social: Di Luca (exministro), Siegenthaler, Gallo, Reznik y Oviedo. Una exfuncionaria arrepentida que declaró como testigo resultó clave para vincular sus roles en la maniobra.
Pericias contables y análisis de computadoras incautadas permitieron a la fiscalía sostener la conexión entre ambos grupos.
Qué se espera del veredicto
El tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Juan Ignacio Guaita y Luciano Hermosilla deberá definir si existió o no la asociación ilícita y qué grado de responsabilidad tuvo cada imputado.
Si hay condenas, se abrirá una segunda etapa de cesura, en la que se fijarán las penas. Las condenas podrían ir de 4 a 10 años de prisión efectiva para los principales responsables.
La lectura del veredicto se realizará este martes 23 a las 11, en una audiencia que será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Oficina Judicial Penal.
Testimonios que marcaron el juicio
El debate oral dejó frases contundentes de testigos que describieron el funcionamiento de la maniobra:
Ex empleado de Desarrollo Social: “Se armaban sobres con fajos de dinero para funcionarios y punteros. Con las tarjetas de débito retirábamos la plata y la entregábamos para la ‘caja azul’.”
Claudia Jara, auditora: “De 4.518 personas registradas, solo 3.681 tenían constancia de pago. Los cheques no coincidían con los registros.”
Sandra Pérez, empleada administrativa: “Había cuentas a nombre de personas que no sabían que eran beneficiarias. A mí me daban hasta siete cheques por mes para cobrar.”
Ex funcionaria contadora: “Yo firmaba los cheques porque mis superiores me lo pedían, aunque tenía dudas.”
Exdirectora de Administración, Griselda Cittadini: “Me hicieron firmar un paquete con 147 cheques. Después me negué a seguir.”
Estos testimonios reforzaron la hipótesis fiscal de una organización con distintos niveles de responsabilidad y un circuito aceitado de desvío de fondos.
